Como lo denunció Nuevo Diario en reiteradas oportunidades, los tucanes, aves emblemáticas de nuestro cálido norte y protegidas por la ley, se encuentran en una situación de vulnerabilidad creciente debido a múltiples factores: ataques con hondas y rifles de aire comprimido, electrocuciones en tendidos eléctricos y atropellos por el avance de la urbanización en distintos puntos de la provincia.
A esta realidad se suma la ausencia de políticas públicas efectivas, lo que ha sido señalado por especialistas a este medio y proteccionistas que reclaman un accionar urgente de las autoridades.
Nuevos casos de tucanes heridos y muertos
A los casos ya denunciados por Nuevo Diario se suman más en distintos puntos del territorio provincial. Así es como durante este fin de semana, efectivos de la Comisaría 2 de Colonia Santa Rosa intervinieron tras el hallazgo de un tucán herido en el barrio 20 de Junio. Una vecina lo resguardó al notar que tenía dificultades para volar, hasta que fue trasladado por la policía a disposición del área correspondiente para su atención veterinaria.
En paralelo, en Hipólito Yrigoyen, vecinos denunciaron un nuevo episodio de electrocución de aves en peligro de extinción. Dos tucanes murieron al recibir una descarga eléctrica de un transformador de la empresa Edesa, lo que además provocó un corte total de energía en el barrio Patrón Costas. La comunidad pidió medidas urgentes para evitar que continúen estas muertes.
Estos casos se suman a decenas de reportes de aves heridas en localidades como Tartagal, Metán, San Lorenzo, Campo Quijano y en la capital salteña, donde estos animales aparecen abatidos por gomeras, balines o rifles de aire comprimido. “Es una práctica que se repite año tras año y que está naturalizada como un juego infantil”, advierten desde organizaciones proteccionistas.
“Un delito invisibilizado”: la mirada legal
La abogada especializada en derechos de los animales, Carmen Céspedes Cartagena, remarcó a Nuevo Diario que el problema trasciende los hechos aislados y expuso la falta de un enfoque integral. “Estos ataques no son accidentes, son delitos. Los tucanes son especies protegidas y existe una normativa clara que prohíbe su caza o maltrato. La ley 1.863 de 1954 y su decreto reglamentario, junto con la Ley Nacional 22.421 de protección de la fauna silvestre, contemplan sanciones para quienes dañen a estas aves”, explicó.
Céspedes señaló que la Policía Rural y Ambiental está habilitada para intervenir y sancionar en casos de ataques, aunque en el interior provincial la falta de recursos y capacitación limita la capacidad de respuesta. “En Salta Capital tenemos algunos medios, pero en lugares como Tartagal o Embarcación no hay médicos veterinarios ni equipos preparados. Muchas veces los proteccionistas terminan supliendo al Estado, trasladando aves heridas hasta la capital con sus propios medios”, denunció.
La ausencia de políticas públicas
Uno de los puntos centrales es la inacción del área de Biodiversidad de la Secretaría de Ambiente provincial. Según Céspedes, el organismo cuenta con el marco legal y con recursos para campañas de sensibilización, pero no los utiliza:
“Nunca vi a la Secretaría de Ambiente trabajar activamente en defensa de estas especies. No hacen campañas de educación ni acompañan querellas en casos judiciales. Las leyes existen, lo que falta es voluntad política”, sostuvo.
Educación y concientización, claves
Para la abogada, la raíz del problema también está en la falta de educación ambiental.
“Un niño no tendría que animarse a tirar con una gomera a un tucán si supiera que es un delito y que está atentando contra una especie en peligro. Así como hoy saben que maltratar a un perro o a un gato es un acto repudiable, debe generarse la misma conciencia respecto a la fauna silvestre”, indicó.
Céspedes remarcó que los tucanes, además, son extremadamente sensibles: “Se estresan al entrar en contacto con los ruidos urbanos, lo que puede llevarlos incluso a la muerte. Muchos dejan de alimentarse o hidratarse por el miedo. Es gravísimo lo que está ocurriendo”.
Céspedes fue tajante al señalar que las herramientas legales existen, pero no se aplican: “Tenemos la ley de caza y conservación de la fauna silvestre, decretos reglamentarios, leyes nacionales y provinciales que sancionan a quienes hieran, capturen o comercialicen tucanes. Lo que falta es voluntad política y compromiso real”.
La abogada propuso tres ejes de acción inmediatos:
Campañas educativas en escuelas y medios de comunicación.
Mayor presencia y recursos para la Policía Rural y Ambiental en el interior.
Trabajo conjunto de la Secretaría de Ambiente con ONG para presentar querellas y sancionar ejemplarmente a los responsables.
“Mientras los funcionarios miran para otro lado, los tucanes mueren en transformadores, bajo las piedras de una gomera o del estrés en medio de una ciudad que no es su hábitat. Son víctimas invisibles de un Estado ausente”, concluyó.