“Un atraso conceptual”: la crítica al fallo de la Corte a la Ley de Tierras

El abogado constitucionalista Sebastián Aguirre Astigueta cuestionó duramente el fallo de la Corte Suprema sobre la presentación de los excombatientes de Malvinas contra la derogación de la Ley de Tierras mediante el DNU 70/2023.

En diálogo con el periodista Héctor Alí, consideró que el máximo tribunal adoptó un criterio formalista que restringe el acceso a la Justicia y desconoce, en su interpretación, la dimensión colectiva de la soberanía: “Me parece un fallo muy malo, un fallo que reduce un concepto fundamental en una república como es el de soberanía”.

El especialista puso el foco en la contradicción que implica exigirles a ciudadanos que defiendan el territorio con su vida y luego negarles legitimación para reclamar judicialmente por su protección. Recordó que la asociación de excombatientes tiene entre sus objetivos la defensa de la soberanía territorial, una finalidad que, a su entender, respalda su intervención en la causa. Para Sebastián Aguirre Astigueta, esa contradicción expone las consecuencias de una decisión que se detiene en los requisitos procesales sin atender al interés que se busca defender: quienes fueron enviados a Malvinas y entregaron “la juventud y la sangre” encuentran ahora, según cuestionó, una puerta cerrada cuando recurren a las instituciones.

La soberanía entre el Estado y el pueblo

Durante la entrevista, el constitucionalista explicó que la Corte encuadró la soberanía territorial como un atributo del Estado y descartó que la asociación pudiera invocar un derecho de incidencia colectiva para sostener el reclamo. Su objeción apuntó precisamente a esa interpretación: “La soberanía es un bien colectivo, es de todos, es indivisible, no es de nadie en particular”.

Según sostuvo, el tribunal privilegió una noción propia del derecho internacional —la soberanía estatal frente a otros Estados— y dejó de lado el principio de soberanía popular. En ese sentido, invocó el artículo 33 de la Constitución y el reconocimiento de los derechos de incidencia colectiva incorporado en el artículo 43, cuyo alcance, argumentó, no debería quedar limitado a cuestiones ambientales o de consumidores.

Aguirre Astigueta también remarcó una distinción central para comprender la decisión: la Corte no resolvió si la derogación de la Ley de Tierras mediante el decreto es constitucional, sino que rechazó la legitimación de quienes llevaron el planteo a la Justicia. Para el entrevistado, ese cierre procesal deja sin respuesta la discusión de fondo y plantea un interrogante sobre quién podría reclamar por un interés que pertenece al conjunto de la sociedad.

Los límites que la Corte exige a unos y no a otros

El abogado cuestionó, además, lo que considera una lectura desigual de la división de poderes: advirtió que el tribunal encuentra un riesgo de extralimitación en la intervención judicial promovida por ciudadanos, mientras mantiene pendientes cuestionamientos al decreto presidencial que modificó y derogó numerosas normas. “La Corte ve como que los ciudadanos no tenemos derecho, porque nos podemos extralimitar si llevamos el caso a la Justicia, pero no ve desborde en el presidente de la Nación”, expresó. También reprochó la demora en resolver y el tono con el que, según su lectura, el fallo presenta como evidente una cuestión de enorme relevancia institucional.

En contraste, valoró el trabajo de la Cámara Federal de La Plata, que, según relató, reunió presentaciones y opiniones antes de decidir. Consideró que esa apertura permitió nutrir el debate sobre un problema complejo e interpretó los reproches del máximo tribunal a los jueces inferiores como una señal restrictiva para el tratamiento de reclamos colectivos.

La respuesta que espera del Congreso

Consultado por Alí sobre las posibilidades de revertir la situación, Aguirre Astigueta ubicó la salida en el terreno político e institucional. Señaló que, tras la intervención del máximo tribunal, la discusión debe concentrarse en el control parlamentario del DNU y en la capacidad del Congreso para construir una respuesta. “Ojalá el Congreso junte la fuerza y trate al fin este decreto”, manifestó, aunque expresó dudas sobre la voluntad de los distintos sectores políticos y cuestionó el acompañamiento que recibe el Gobierno de aliados de otras fuerzas. Su preocupación, advirtió, excede el destino de una norma: alcanza al criterio con el que la Justicia define quién puede defender intereses colectivos y al lugar que reconoce a la ciudadanía en esa discusión. Para el constitucionalista, restringir ese acceso cuando está en juego la soberanía representa un retroceso que compromete principios centrales de la vida republicana.