Un fiscal federal acepta la competencia en un amparo por la rotonda de Vaqueros
Se trata de una rotonda considerada vital para la comunicación de más de 12 mil habitantes del departamento La Caldera, al norte de la ciudad. La obra, valuada en 1.400.000 millones de pesos, fue licitada en agosto del 2022, pero a los meses quedó paralizada. Ahora, la asociación “Usuarios y Consumidores Unidos” busca su reactivación a través de una demanda de amparo.
En el marco de un proceso de amparo, el fiscal federal, Ricardo Toranzos, del Área No Penal de la Unidad Fiscal Salta, dictaminó a favor de la competencia federal en un proceso de amparo, al que también le dio carácter de “colectivo”, dado que cumple con las reglas establecidas por ley y jurisprudencia para este tipo de conflictos.
El caso se tramita ante el Juzgado Federal de Garantías N°2, a cargo de la jueza Mariela Giménez, y fue instado por una demanda presentada contra la Dirección de Vialidad de la Nación por la Asociación Civil Usuarios y Consumidores Unidos, con sede en la localidad bonaerense de San Nicolás de los Arroyos.
Formalizada la postura del fiscal respecto a la admisibilidad del planteo y el proceso por el cual se desarrollará el trámite, ahora resta conocer el criterio que adoptará la jueza al respecto, para luego avanzar con el proceso hasta arribar a una resolución sobre la cuestión de fondo de la demanda.
En la presentación de amparo, se solicitó que se le ordene al organismo nacional demandado el giro de fondos necesarios “a la Dirección de Vialidad de Salta para la continuidad de la obra vial identificada como “Proyecto y ejecución de la obra ruta nacional N°9, sección i: rotonda avenida Bolivia – puente río Wierna”, localizada en los departamentos Capital y La Caldera”.
Pidió también que la reactivación de la obra avance sin interrupciones y que se arbitren todos los medios necesarios para su completa realización dentro del plazo de 24 meses estipulado en los respectivos pliegos, aprobados en agosto del 2022 en favor de la empresa Medina S.A. por Licitación Pública Nacional N°21/202.
Inconvenientes de tráfico
De manera subsidiaria, y para el hipotético caso de que, por impedimentos fácticos o jurídicos, la obra no sea reanudada, el fiscal federal requirió que se condene al organismo demandado a “iniciar los trabajos correspondientes a la obra citada, por sí o por interpósita persona, dentro del plazo perentorio que se fijará en la sentencia, debiendo concluir la obra en los términos acordados”. A modo de fundamento, en tanto, se refirió a serios inconvenientes de tráfico que se buscan superar, los que existen actualmente en la ruta Nacional N°9, desde el tramo de la rotonda del “Quirquincho” hasta el puente sobre el río Wierna. Se trata de un tramo de alrededor de 4 kilómetros, que inicia en el puente sobre el río Vaqueros, el cual es muy angosto e impide el tránsito normal, lo que se agrava en horas pico y los fines de semana, situación que se extiende también sobre la avenida San Martín, arteria principal de Vaqueros.
La obra surge de un convenio entre Vialidad local y nacional
La obra en cuestión surge de un convenio celebrado entre el organismo nacional y la Dirección de Vialidad de Salta, mediante el cual se estableció que la obra se realizaría con financiación de Vialidad Nacional por un monto de hasta $1.400.000.000 a valores de agosto de 2021.
Además de otras tareas previas, como el estudio de impacto ambiental y las aprobaciones en materia hidráulica y de energía, se acordó en el convenio que la demandada correrá con los gastos que demande la liberación de la traza y las eventuales expropiaciones, mientras que el proceso licitatorio quedó a cargo del organismo provincial como responsable del control de la obra, inspección, medición, certificación, pago y recepción de los trabajos.
Cumplidos estos pasos, la obra quedó en manos de la empresa Medina SA, la que inicio las obras el 18 de agosto del 2022, con un plazo de conclusión de 24 meses, sin embargo, a poco de comenzar las tareas, y ya con la cartelería de la obra expuesta, todo quedó paralizado.
En tal sentido, la asociación que instó el amparo sostuvo que, más allá de algún incumplimiento del convenio por parte del organismo provincial, Vialidad de la Nación no puede “verse liberada frente a los usuarios de las obligaciones que le son propias y por ello, continúa obligada a brindar respuesta a los usuarios viales independientemente de la responsabilidad de la Dirección de Vialidad de la provincia frente a la demandada”.