Un testigo espontáneo dejó al jefe de Gabinete de Milei, Manuel Adorni, más complicado

La investigación judicial sobre el viaje del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a Punta del Este sumó un elemento clave que podría reconfigurar el caso. Un testigo central, vinculado directamente a la contratación del vuelo privado, aseguró que el regreso no fue pagado por el funcionario sino por un tercero, en abierta contradicción con la versión oficial.

Se trata de Agustín Issin, broker aeronáutico, quien se presentó de manera espontánea ante el juez federal Ariel Lijo en los tribunales de Comodoro Py. En su declaración, sostuvo que tanto el vuelo de ida como el de vuelta fueron abonados por el periodista Marcelo Grandío, amigo personal de Adorni y vinculado a la Televisión Pública.

Según el testimonio, el tramo de regreso fue pagado en efectivo, por un monto de 3.000 dólares, a través de un intermediario enviado por Grandío. Issin indicó que ese pago fue registrado mediante comunicaciones internas de la empresa y respaldado por chats que ya están en manos de la Justicia.

El dato no es menor: Adorni había sostenido públicamente que el viaje fue financiado con recursos propios, negando cualquier tipo de irregularidad. La declaración del broker, sin embargo, introduce una contradicción directa que ahora deberá ser evaluada en sede judicial.

Facturación, descuentos y el circuito del dinero

El esquema de contratación del vuelo también quedó bajo análisis. De acuerdo a la reconstrucción aportada por Issin, el servicio fue gestionado a través de su empresa, que opera como intermediaria entre clientes y compañías de taxis aéreos. En este caso, el vuelo se realizó mediante un Honda Jet contratado a la firma Alpha Centauri. Parte del costo fue reducido mediante la venta de asientos en modalidad “empty leg” —tramos vacíos—, lo que permitió abaratar el precio final del viaje. Además, el broker explicó que había adquirido previamente un paquete de horas de vuelo por más de 42.000 dólares, del cual se descontó el traslado de Adorni y su familia.

Un punto particularmente sensible es la fecha de facturación: la emisión del comprobante por el tramo de regreso se realizó días después de que el caso tomara estado público, lo que agrega un elemento más a la sospecha sobre la transparencia de la operación.

La hipótesis judicial: dádivas y ética pública

El fiscal Gerardo Pollicita investiga si el financiamiento del viaje por parte de un tercero podría configurar el delito de dádivas o una violación a la Ley de Ética Pública. En ese marco, la situación de Marcelo Grandío también quedó bajo revisión. La Justicia analiza si corresponde citarlo como testigo o avanzar en una imputación, en función de las inconsistencias detectadas entre sus declaraciones públicas y la documentación relevada.

La causa ya incluyó allanamientos en oficinas vinculadas a la operatoria aérea, donde se secuestraron registros contables y libros de vuelo, en busca de reconstruir con precisión el circuito del dinero.

Mientras tanto, Adorni mantiene su postura: insiste en que no hubo irregularidades y que su patrimonio personal alcanza para justificar el viaje. Sin embargo, el expediente empieza a mostrar otra cosa: versiones cruzadas, pagos en efectivo, facturación tardía y vínculos con actores ligados al Estado. Nada especialmente novedoso en la fauna política local, pero sí lo suficientemente delicado como para que la Justicia tenga que decidir si esto es apenas un “favor entre amigos” o algo un poco más, tipificado en el Código Penal.

Mientras tanto, Adorni sostiene que el viaje fue pagado con su patrimonio privado y niega cualquier irregularidad en la contratación del servicio privado, y está “todo normal”.