Un trágico desenlace tras años de advertencias
Las promesas de modernización y ampliación de infraestructura del mercado, realizados bajo distintas gestiones resultaron insuficientes.
El reciente incendio que devastó el Mercado San Miguel de Salta ha puesto en el centro de la polémica las reiteradas intervenciones de las autoridades para su valorización, que no lograron prevenir esta tragedia.
A lo largo de los años, las promesas de modernización y ampliación de infraestructura del mercado, realizados bajo distintas gestiones, parecían prometer una solución para el emblemático edificio, pero estas medidas resultaron insuficientes.
En 2010, el entonces intendente Miguel Isa inauguró mejoras como la renovación de baños y sistemas eléctricos, además de obras en el techo, con el fin de mejorar la experiencia y las condiciones del mercado.
Del mismo modo los anuncios abundaron en la intendencia de Sáenz. En tanto, la gestión de Bettina Romero, que todavía conservaba como administrador a José “Pepe” Muratore, se impulsó un ambicioso proyecto de ampliación, que incluía un entrepiso para nuevos locales y la peatonalización parcial de calles circundantes.
Estas mejoras recientes incluyeron la construcción de 36 locales y la instalación de un ascensor en la planta alta, con el objetivo de atraer a más compradores y mejorar el acceso.
No obstante, estos esfuerzos, aunque aplaudidos por las autoridades, no abordaron adecuadamente los problemas estructurales y reales del mercado.
Las denuncias de los puesteros, especialmente en 2023, fueron ignoradas. Los vendedores habían expresado públicamente su preocupación por el estado deteriorado de las instalaciones, donde se concentra una serie de problemas de infraestructura que representaban según advertían, riesgos para la salud y seguridad.
En ese momento, los propios puesteros denunciaban la falta de control municipal sobre la Fundación San Miguel, entidad que debía supervisar la gestión, pero que en la práctica, permitió que Muratore actúe sin restricciones dejando al histórico mercado de más de 150 años de vigencia, vulnerable a un desenlace que, para los vendedores, era previsible.
Exigencias de seguridad estructural
La tragedia de este miércoles también suscitó la respuesta del Colegio de Arquitectos de Salta, que emitió un comunicado en el que expresaron su solidaridad con las familias afectadas y felicitaron la labor de los bomberos y equipos de rescate.
Sin embargo, el Colegio de Arquitectos subrayó la falta de implementación de leyes como la Nº 7.467 y 7.469, que exigen una revisión periódica de las instalaciones eléctricas y estudios de seguridad para edificios de uso público.
A su vez, solicitaron que se reglamente la Ley Nº 7.440 de Seguridad para Edi-ficios de Uso Público, que podría haber sido una herramienta para prevenir este tipo de tragedias.
En su comunicado, el Colegio señaló que es esencial que se cumplan con los requisitos de seguridad para evitar futuros incidentes y garantizar la seguridad tanto de comerciantes como de consumidores en estos espacios.
La investigación abordada deberá entonces poner la lupa sobre los cumplimientos de las normas de higiene y seguridad por parte del establecimiento, pero también sobre los controles de oficio desde la comuna.