Una fiscalía anti discriminación inició una investigación a Roger Waters
La fiscalía Antidiscriminatoria de la Ciudad de Buenos Aires inició una investigación preliminar de oficio a raíz de la llegada a la Argentina del músico Roger Waters, y ante la preocupación por su postura en contra del Estado de Israel.
La fiscal Andrea Scanga es quien encaró una investigación preliminar de oficio para determinar si el contenido de los eventos artísticos que se realizarán en la Ciudad de Buenos Aires constituyen delito.
El artículo 3 de la ley 23.592 prevé “prisión de un mes a tres años los que participaren en una organización o realizaren propaganda basados en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación racial o religiosa en cualquier forma”.
La polémica estalló cuando la Legislatura porteña declaró huésped de honor al ex líder de Pink Floyd, lo que fue repudiado por el Centro Simón Wiesenthal.
La controversia en torno al músico, quien tiene previsto presentarse el 21 y 22 de noviembre en el estadio River Plate, es incluso por su vestimenta puesto que en ocasiones ha portado una campera de cuero negra con un brazalete rojo, muy característico del uniforme que usaban quienes integraban el partido nazi.
También por su postura histórica en contra del Estado de Israel y en un momento crucial en medio del conflicto de ese país con el grupo terrorista Hamas, en Franja de Gaza.
Pro Hamas
En una entrevista con el periodista Glenn Greenwald, Waters puso en duda el papel de Hamas en un ataque a Israel el 7 de octubre, sugiriendo que podría haber sido una "operación de bandera falsa".
Afirmó que hay algo "muy sospechoso" en cómo el ejército israelí fue sorprendido y cuestionó el relato de lo que hizo Hamas durante la invasión.
Waters argumentó que la masacre había sido exagerada por los israelíes, quienes, según él, inventaron historias sobre el asesinato de bebés. Además, defendió la resistencia a la ocupación por parte de los palestinos como una obligación legal y moral según las Convenciones de Ginebra, y sugirió que los primeros 400 muertos en el conflicto podrían haber sido personal militar israelí, lo que en su opinión no constituiría un crimen de guerra.
Finalmente, Waters expresó su incertidumbre sobre la veracidad de la información disponible, señalando que es difícil saber realmente qué sucedió.