Van a la justicia contra la designación de Pereyra y Segura en la Auditoría
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta y el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas pidieron a la Corte de Justicia de Salta que declare inconstitucional las designaciones de Elsa Pereyra y Marcos Segura Alsogaray en la Auditoría General de la Provincia (AGP).
Exigen que se cumpla con lo establecido en la nueva Constitución provincial, recientemente reformada.
Piden, además, la nulidad de los actos administrativos emitidos por la Auditoría General de la Provincia de Salta en las designaciones de ambos auditores y que ordene a la Legislatura que nombre a dos nuevos auditores, conforme al procedimiento constitucional establecido por el artículo 169 de la Constitución de Salta, donde uno de ellos debe tener título universitario en Ciencias Económicas.
En su presentación las entidades profesionales exigen que se cumpla con la reforma constitucional del año 2021, particularmente en relación a la modificación del Punto III, párrafo 7 del artículo 169 de la Constitución de la Provincia de Salta, que establece un nuevo procedimiento de selección de los Auditores Generales de la Provincia de Salta y que se ha visto afectado con las resoluciones 39 y 40 de la Cámara de Senadores que designa a Pereyra y Segura.
"El actual texto de la Constitución requiere ineludiblemente la participación como Auditores Generales de la Provincia de profesionales con el título universitario en ciencias económicas, lo que ha sido incumplido por la Cámara de Senadores con la emisión de las resoluciones cuestionadas", advierten.
El 6 de diciembre de 2021, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas se presentó ante la Cámara de Senadores y pidió suspender el proceso de designación de Pereyra y Segura hasta tanto concluya el proceso de reforma constitucional.
También elevaron y presentaron las oposiciones en relación a la postulación de ambos.
El 11 de marzo de este año se reactiva el procedimiento y se notifica a Pereyra y Segura de las observaciones formuladas. El 30 de marzo se convoca a una audiencia pública y el 31 la Cámara rechaza las objeciones y designa a ambos como auditores.