Vecinos de Cafayate exigen al IPV la finalización de 97 viviendas y amenazan con movilizaciones
Un grupo de 97 familias cafayateñas protestó en la municipalidad para exigir la finalización de las viviendas prometidas por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).
Los adjudicatarios denunciaron que, pese al compromiso de entrega firmado para el 1 de septiembre, las obras presentan importantes atrasos.
La vocera del grupo, Rebeca Sulca, relató que al constatar el estado de avance detectaron que varias unidades aún no están terminadas.
“Nos dijeron que la entrega sería conjunta de las 97 viviendas, pero la realidad es que muchas no están listas”, advirtió.
Según explicó, entre 60 y 70 viviendas están avanzadas, pero aún faltan instalaciones en baños y cocinas, mientras que otras requieren trabajos más complejos.
Reunión con la intendenta
Los vecinos mantuvieron un encuentro con la intendenta Rita Guevara, quien les transmitió que el IPV no podrá concluir todas las casas en la fecha pactada. Como alternativa, planteó la posibilidad de entregas por etapas, algo que genera inquietud en muchas familias que ya firmaron contratos de alquiler con vencimiento en septiembre.
Durante la reunión, los adjudicatarios firmaron un acta con los puntos a reclamar en Salta capital. La intendenta se comprometió a acompañarlos y gestionar un encuentro con la presidenta del IPV, Laura Caballero, para la próxima semana.
Una espera de más de 15 años
El conflicto arrastra una larga historia administrativa. Según denunciaron los vecinos, las carpetas originales datan de 2008 y muchas veces fueron extraviadas por gestiones anteriores, lo que obligó a rehacer trámites.
Los reclamos también se extienden al rol del gobierno provincial. Si bien se avanzó con la adjudicación de 40 viviendas en Pueblo Nuevo, esa medida no benefició a este grupo específico. En paralelo, existen otras 97 familias que quedaron fuera del proceso de construcción tras el cambio de gobierno, y cuya situación aún no se resolvió.
Posibles medidas de fuerza
Los vecinos establecieron el 1 de septiembre como fecha límite para recibir respuestas concretas. Si no hay avances, anticiparon que podrían iniciar movilizaciones y cortes. Algunos incluso manifestaron la posibilidad de “tomar” las viviendas en el estado en que se encuentren.
“Queremos transparencia, que nos digan con claridad cuál es el avance real y que nos den un cronograma serio. No podemos seguir esperando indefinidamente”, sostuvo Sulca.
Mientras tanto, la comunidad se mantiene organizada y en contacto con la municipalidad, a la espera de definiciones que pongan fin a una espera que ya supera los 15 años.