Vecinos de calle Entre Ríos al 400 y calles aledañas, Deán Funes y Zuviría, viven en estos momentos situaciones preocupantes y extrañas. Y es que, se tomó conocimiento que en avenida Entre Ríos 466-468, un grupo de jóvenes “habitantes” de esa propiedad realizan reuniones “sospechosas”, principalmente durante horario nocturno.
Esto no tendría nada de raro si no fuera porque ese domicilio figura en la Dirección General de Inmuebles como propiedad del ciudadano francés Bouthors, Olivier Albert Paul Guy, soltero, pasaporte de la República de Francia Nº 02DC92226 que adquirió la propiedad el 01 de octubre de 2004 por $ 190.000.
Bouthors no tendría familiares directos en el país, sólo una hermana que viviría en Francia.
La realidad de estos datos, lleva a aclarar que Bouthors, está fallecido y que su deceso no tiene fecha precisa, ya que al vivir solo, su muerte se habría producido días antes de que, por denuncia de sus vecinos colindantes, -la Caja de Prevision Social Para Agrimensores Arquitectos Ingenieros Y Profesionales Afines- y ante la percepción de fuertes olores nauseabundos, la policía lo encontrara ya en estado de descomposición. Esta situación habría ocurrido entre agosto y setiembre de 2024.
Otra “curiosidad” radica que en el Boletín Oficial de la Provincia, en su edición del jueves 3 de octubre de 2024, en su edición 21806, página 37, se publica el edicto sucesorio: “En los autos caratulados: “BOUTHORS, OLIVIER ALBERT PAUL GUY POR SUCESORIO, EXP – 828497/23″ del Juzgado de 1º Instancia en lo Civil y Comercial 1º Nominación, a cargo del Dr. Tomás Méndez Curuchet,- Juez, de trámite por ante esta Oficina Judicial de Gestión Asociada de Procesos Sucesorios, Secretaría de la Suscripta; se ordena la publicación de edictos durante (un) 1 día en el Boletín Oficial (art. 2340 del CCyCN) y tres (3) días en un diario de circulación comercial (art. 723 del CPCC), citando a todas las personas que se consideren con derechos a los bienes de la sucesión del señor Olivier Albert Paul Guy Bouthors pasaporte Nº 02DC92226, ya sea como herederos/herederas o acreedores/acreedoras para que dentro de los treinta días de la última publicación comparezcan a hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por ley. Dra. María Florencia Guerrero, SECRETARIA”.
La curiosidad radica que “alguien” pagó por ese edicto $ 2.310.
Con posterioridad a este hecho “aparecieron” jóvenes, que son lo que actualmente moran en esa casa de dos plantas, con un ritmo de vida llamativo para el ciudadano común, que trabaja de día y descansa de noche.
Al decir de algunos vecinos, “Estos jóvenes, varones y mujeres, parecería ser que tienen el ritmo de vida cambiado porque duermen de día y durante la noche, hasta altas horas, organizan tipo fiestas, en muchos casos con escenas de mucho descontrol”.
Otro vecino acotó que “Días pasados, después de denunciar varias veces telefónicamente al 911, vino la policía ante un alboroto de dimensiones y como era en la calle, los habitantes de esa casa no fueron interpelados ni mucho menos revisados”.
“Es preocupante ver y saber cómo va creciendo esa dinámica vivencial, donde cada vez son más los visitantes, muchos de ellos en motos, que llegan, hablan por celular y al momento, un chico abre solamente la ventana intercambian algo y el de la moto se va. Ahora también se están sumando autos con el mismo proceder”.
La conclusión de los vecinos es que se estaría ante un caso de usurpación de la vivienda de una persona fallecida, sin herederos, y que, a su vez, sí estarían cometiendo un delito -por lo menos- al tener electricidad sin tener medidor: la conclusión es simple: o se colgaron de la red de alumbrado público o de algún vecino o que pagan a algún vecino el consumo eléctrico de ese lugar.
Otro vecino, un poco más informado, infiere que la justicia y la policía deberían tomar cartas en el asunto, y actuar de oficio ante esta “noticia críminis” habida cuenta que se estaría ante la eventualidad de un delito, quizás mayor, que al simple hecho de “colgarse” de la red pública, sino ante el flagelo de la droga que va avanzando aceleradamente, también en Salta Capital, cooptando lugares de expendio de esas sustancias para jóvenes salteños, teniendo en cuenta que cerca de este domicilio se encuentran el Colegio Belgrano, la Escuela Normal el Bachillerato Humanista y la escuela Jacoba Saravia y destacar que se encuentra a metros de la residencia gubernamental.
Para los vecinos, la Justicia y la Policía tienen ahora la palabra.