Vecinos reclaman controles por el funcionamiento de un salón de eventos en zona residencial

Ante la falta de respuestas del municipio, vecinos de La Merced Chica presentaron a fines de diciembre un recurso de amparo para frenar el funcionamiento de un salón de eventos en plena zona residencial de ese municipio.

Esta semana esperan novedades de la Justicia, mientras denuncian que, pese a haber elegido el barrio en busca de tranquilidad, hoy se ven envueltos en fiestas recurrentes y ruidos molestos, luego de haber realizado más de 30 denuncias formales sin resultados positivos.

Vecinos del barrio La Merced Chica Village y zonas aledañas mantienen un conflicto abierto con la Municipalidad de Campo Quijano por la habilitación y funcionamiento del salón Sirius Eventos, emplazado en una zona caracterizada históricamente por su perfil residencial.

Según consta en un comunicado difundido por los propios vecinos, el municipio habilitó el salón con una capacidad superior a 160 personas, pese a que se encuentra rodeado de viviendas familiares construidas con anterioridad al emprendimiento.

Esta situación, aseguran, fue incluso reconocida en resoluciones administrativas del propio Ejecutivo municipal.

Los vecinos señalaron que, antes de la finalización de la obra —registrada en mayo de 2025— realizaron numerosas presentaciones formales ante el intendente Lino Yonar, alertando sobre los impactos que podría generar la instalación de un salón de eventos en ese sector.

Sin embargo, denunciaron que esas advertencias no fueron atendidas y que el establecimiento comenzó a funcionar sin que se dieran respuestas concretas a los planteos realizados.

Uno de los ejes centrales del reclamo es el impacto directo en la vida cotidiana. Vecinos que se mudaron a La Merced Chica buscando tranquilidad, seguridad y un entorno familiar, afirman que hoy se ven afectados por fiestas nocturnas, música a alto volumen, concentración de vehículos y circulación constante de personas durante los fines de semana y feriados.

De acuerdo al relevamiento vecinal, se realizaron más de 30 denuncias contravencionales, tanto a través de la plataforma Denuncias Web del Gobierno de la Provincia como ante la Comisaría N° 9 de San Luis, por ruidos molestos, disturbios y alteración de la convivencia.

A pesar de ello, aseguran que no se adoptaron medidas eficaces ni controles sostenidos que limiten o regulen la actividad del salón.

El comunicado también enumera una serie de normativas presuntamente vulneradas, entre ellas el Código de Edificación municipal, ordenanzas locales sobre espectáculos públicos y control de ruidos, el Código Contravencional de Salta, la Ley General del Ambiente y disposiciones constitucionales vinculadas a la protección de la salud, el ambiente sano y la calidad de vida de los vecinos.

Otro aspecto señalado es que el salón se encuentra ubicado en un pasaje sin salida, sin infraestructura vial adecuada ni espacios de estacionamiento propios. Durante los eventos, el acceso queda colapsado por vehículos, lo que —según advierten— bloquea la entrada y salida de los vecinos y representa un riesgo ante eventuales emergencias, al dificultar el ingreso de ambulancias, patrulleros o autobombas.

Frente a la persistente falta de respuestas por parte del municipio, los vecinos decidieron recurrir a la Justicia y presentaron a fines de diciembre un recurso de amparo, solicitando la suspensión del funcionamiento del salón hasta tanto se determine si la habilitación cumple con los requisitos legales, urbanísticos, ambientales y de seguridad correspondientes.

Según informaron, esta semana esperan novedades judiciales, en un contexto de creciente preocupación por la continuidad de los eventos y la ausencia de controles efectivos durante su desarrollo.

Los vecinos cuestionaron además una audiencia pública realizada en diciembre, a la que calificaron como tardía y meramente formal, al considerar que las observaciones y pruebas presentadas no fueron incorporadas en decisiones posteriores.

Finalmente, los vecinos de La Merced Chica remarcaron que el reclamo no apunta contra la actividad privada en sí, sino a la necesidad de que se respeten las normas vigentes y el derecho a vivir en un entorno seguro, ordenado y tranquilo.