Vencen mandatos y crece la tensión por el Comité contra la Tortura
La Mesa de Derechos Humanos de Salta volvió a encender una señal de alarma institucional. Este martes se reunieron con funcionarios provinciales para exigir el cumplimiento de la ley que regula la designación de integrantes del Comité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes.
El resultado fue, según denunciaron, insatisfactorio y dejó al descubierto un conflicto que podría escalar hasta la Corte de Justicia.
En diálogo con Nuevo Diario, Blanca Nenina Lescano, referente de la Mesa de Derechos Humanos, explicó que la preocupación central pasa por la representación de los organismos en el Comité, cuyos mandatos vencen el próximo 14 de febrero. “Esto no es un problema de un ministro en particular, es un problema del Estado provincial y del incumplimiento de una ley que tiene jerarquía de tratado internacional de derechos humanos”, afirmó.
La Mesa está integrada por la Comisión de Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas y Gremiales, la Asociación de Derechos Humanos Lucrecia Barquet, la Asociación Coca Gallardo, HIJOS Salta en la Red Nacional, la Asociación Miguel Ragone y la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Todos estos espacios participaron activamente en la reforma de la ley que regula el Comité, bajo una condición clave: que los representantes de los organismos de derechos humanos sean designados por concurso público, con criterios objetivos, trayectoria comprobada y respeto de la paridad de género. Según recordó Lescano, la norma establece un Comité de cinco miembros: uno designado por Diputados, uno por el Senado, uno por el Poder Ejecutivo y dos representantes de los organismos de derechos humanos.
“Desde agosto o septiembre venimos insistiendo en que el Poder Ejecutivo debe llamar a concursos para renovar las representaciones que vencen ahora. Incluso el presidente del Comité, Rodrigo Sola, presentó un listado de posibles jurados para garantizar concursos objetivos y no politizados. Todo eso quedó en la nada”, sostuvo.
Durante la reunión de este martes, los funcionarios provinciales plantearon como alternativa una posible prórroga de los mandatos, argumentando dificultades presupuestarias para traer a las personas encargadas de tomar los concursos. La respuesta de los organismos fue tajante. “Nos negamos en forma absoluta. La ley no permite prórrogas. Eso sería inconstitucional”, remarcó Lescano, y agregó que aceptar una extensión implicaría convalidar una situación irregular que ya es crítica. Actualmente, el Comité funciona con una sola representante de los organismos de derechos humanos, Cristina Cobos, luego de que Rodrigo Sola renunciara para asumir en el Comité Nacional. “Aceptar una prórroga sería avalar que quedemos con una representación incompleta y fuera de la ley. No lo vamos a permitir”, enfatizó.
Desde la Mesa dejaron en claro que no aceptarán “guiños”, arreglos informales ni designaciones a dedo. “No queremos que pase lo que ocurrió en otros organismos autárquicos, que terminan siendo manejados políticamente por el Poder Ejecutivo. Por eso exigimos concursos, transparencia y legalidad”, señaló Lescano. La única alternativa que se mencionó en la reunión fue la posibilidad de realizar concursos de manera virtual, una opción que los organismos no rechazaron de plano, pero que dejaron bajo exclusiva responsabilidad del Gobierno provincial.
Si el Ejecutivo no convoca a los concursos en tiempo y forma y los mandatos caen, los organismos anticiparon que realizarán la baja formal de la actual representación, tal como lo establece la ley. En ese escenario, advirtieron que avanzarán con presentaciones judiciales. “La alternativa que nos queda es denunciar el incumplimiento del Estado provincial. Posiblemente lo haremos ante la Corte de Justicia”, adelantó Lescano. El viernes, el Gobierno provincial debería acercar una propuesta concreta. “El cumplimiento de la ley no es negociable”, cerró.