Vetaron las expropiaciones de Ampliación Santa Ana por falta de presupuesto
A través del Decreto Nª 388, el gobierno provincial vetó la Ley que ordenaba la expropiación de los terrenos de Ampliación Santa Ana II.
La Ley sancionada en la Legislatura de Salta ordenaba la expropiación de los catastros comprendidos en el barrio Ampliación Santa Ana, que desde hace años sufren la posibilidad de quedar sin sus terrenos.
El gobierno provincial ordenó el veto de la ley luego de que el Ministerio de Economía y Servicios Públicos informara que no cuentan con los fondos para afrontar las expropiaciones.
Según dictaba la norma, el gobierno debía comprar los terrenos para luego ser adjudicados “a quienes acrediten fehacientemente ser ocupantes con derechos posesorios por un periodo no menor a 5 años”.
Los vecinos del barrio se manifestaron a lo largo de 6 años – cuando inició el conflicto – en las puertas de la Legislatura. Fue recién en mayo de este año que su ley de expropiación se aprobó en las cámaras legislativas.
El calvario de los vecinos
Los vecinos de Barrio Ampliación Santa Ana viven un calvario desde hace unos años en el marco de un proceso de adquisición de tierras con irregularidades en medio de una quiebra empresarial.
Los terrenos donde se encuentran pertenecían a la empresa que se encargó de la construcción de la ruta hacia el Aeropuerto Martín Miguel de Güemes. La mayoría de los vecinos compró a esta firma los terrenos.
Luego del quiebre de la misma hace varios años, hubo una serie de irregularidades que terminaron con la compra de un privado conocido como Miguel Alberto Rueda a un precio mucho menor de lo que pagaron los vecinos.
“Hace 20 años que pagamos los impuestos y que existe un barrio, pero dejaron que se vendiera como una finca y que la comprara Miguel Alberto Rueda por 500 mil pesos en un remate”, explicaba una vecina en diálogo con Radio Dinamo.
Por esta maniobra irregular, el nuevo dueño que se hizo con los terrenos empezó a exigir un nuevo cobro a un precio mucho mayor por los terrenos e incluso empezó a avanzar con judicializar los casos al punto de generar órdenes de desalojos hacia las familias.