Violento desalojo deja a un joven en estado crítico y expone abusos policiales

En la madrugada de este lunes, la comunidad de El Barrial, en el municipio de San Carlos, fue escenario de un violento desalojo que dejó a un joven hospitalizado en estado crítico y desató una ola de denuncias sobre abusos policiales, todos vinculados sospechosamente con desalojos de terrenos de interés productivo, turístico y comercial en la zona.

Rodrigo Condorí, de 31 años, fue brutalmente golpeado durante el operativo, tras lo cual tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital de Cafayate. Su madre, Socorro Guanca, denunció que el joven quedó inconsciente a causa de los golpes propinados por efectivos de Infantería y fue diagnosticado con un traumatismo encéfalo-craneano, politraumatismos varios y fractura de tabique nasal.

“Un ataque violento y sin control”

El relato de la familia Guanca describió cómo, alrededor de las 6:00 de la mañana, despertó sobresaltada por los ladridos de los perros. Al salir de su casa, se encontró con un grupo de entre 50 y 60 personas que, según relató, comenzaron a cortar las ramas que la familia había colocado como barricada tras un ataque previo ocurrido en junio. “Cuando fui a cambiarme, ya había mucha gente detrás de mí. Entraron por un camino vecinal que da al fondo de mi casa”, explicó. Entre el grupo, reconoció a varios efectivos de la policía y a otros que, según vecinos, serían empleados municipales.

Intentaron hacer la denuncia en la comisaría de San Carlos, pero les fue negada, según indicó Guanca, quien asegura que acudirán a la fiscalía de Cafayate, para formalizar la denuncia. Además de Rodrigo, su padre, Justo Guanca, de 77 años, y su hermano, Carlos Guanca, de 45, también sufrieron golpes. Testigos afirmaron que efectivos de Infantería realizaron disparos al aire, lo cual provocó que Rodrigo Condorí intentara refugiarse en la casa de una vecina de apellido Cisneros, donde finalmente habría recibido la golpiza que lo dejó inconsciente.

Denuncias cruzadas y elementos policiales como evidencia de la violencia

En una conferencia de prensa posterior al incidente, la familia Cisneros, támbién víctima en este episodio presentó ante los medios casquillos de bala, una gorra policial y un cargador con municiones que encontraron en el lugar. Su abogado, Humberto Vázquez, calificó el operativo como un “atropello” y denunció la falta de transparencia en las acciones de la Fiscalía. “Es un claro abuso de la policía y lo que es peor, con cierto aval de la Fiscalía de Cafayate. Están queriendo convertir a los policías en víctimas en lo que fue una evidente violación de domicilio”, sostuvo.

Según Vázquez, el domicilio desalojado no corresponde a la orden judicial, y cuestionó la justificación para un despliegue de entre 50 y 60 agentes para desalojar a tres personas. “Entraron en la casa de la señora Cisneros, que vive con su hijo discapacitado, le rompieron las puertas, y Rodrigo se refugió allí para evitar los golpes. Lo dejaron inconsciente y ahora sigue detenido en esas condiciones”, señaló.

Condorí fue trasladado en código rojo.

El insólito contrargumento: “un ataque con abejas”

La Fiscalía de Cafayate, a cargo de la fiscal que interviene en la causa Sandra Rojas, respondió a las denuncias contra la policía con una imputación insólita a raíz de una contradenuncia llevada adelante por las fuerzas policiales.

Rojas acusó provisionalmente a Rodrigo Condorí y a Carlos Guanca de los delitos de “atentado contra la autoridad y lesiones leves”, a raíz de una denuncia presentada por un sargento de Infantería. En su declaración, el agente afirmó que ambos hombres se aproximaron a los uniformados portando cajas de abejas, que habrían arrojado intencionalmente para dispersarlos.

De este modo, y según la denuncia de los policías, Condorí y Guanca habrían usado trajes de apicultores y liberado abejas en medio del operativo, lo que causó múltiples picaduras a los oficiales, entre ellos uno que resultó alérgico y necesitó atención médica.

A continuación, relata la Fiscalía, los imputados habrían golpeado a los efectivos durante un forcejeo antes de intentar huir.

Para el abogado Vázquez, la versión policial es “una explicación absurda” que refleja una “clara connivencia” entre la Fiscalía y la Policía, destinada a encubrir el accionar violento de los uniformados. “Es insólito que aleguen haber sido atacados con abejas en un contexto donde los verdaderos heridos son los miembros de esta familia. Están tratando de desviar la atención de un operativo brutal en el que no se respetaron los derechos de nadie”, declaró el abogado. Enfatizó que, aunque los policías aseguran no portar armas en desalojos de este tipo, encontraron casquillos y balas en la propiedad, lo que contradice las versiones oficiales.

Temor y exigencias ante la escalada de violencia institucional

Este caso ha generado indignación entre los vecinos y organizaciones locales, que ven con preocupación lo que consideran un aumento de la violencia policial y abusos de autoridad en la región. “Estamos hablando de un despliegue desmedido para desalojar a tres personas”, declaró Vázquez, quien también llamó a los funcionarios provinciales a tomar cartas en el asunto. “Este tipo de atropellos están ocurriendo no solo en San Carlos, sino también en Cafayate y Cachi. Si las autoridades no ponen un límite, esto va a escalar”.

Vázquez también cuestionó el silencio de las autoridades, pidiendo que el ministro de Seguridad de la Provincia se pronuncie sobre el accionar de las fuerzas de seguridad. “Los políticos deben tomar cartas en el asunto; esta situación es insostenible y lo que sucedió en El Barrial es de extrema gravedad”, subrayó. Mientras tanto, la fiscal Rojas ha solicitado la detención de los dos acusados, una decisión que, según la defensa, refleja la falta de imparcialidad de la Fiscalía. “La versión del ataque con abejas es un intento burdo de justificar lo injustificable. No solo se vulneraron los derechos de esta familia, sino que ahora buscan incriminarlos por intentar protegerse de la violencia policial”, concluyó y aseguró que llevarán las pruebas de casquillos, balas y otros elementos encontrados en el lugar a la Fiscalía para demostrar el uso de armamento en el desalojo.