Sáenz ayer destacó la creación de la Unidad Especial de Investigación del Norte, establecida en Orán en articulación con el Ministerio Público Fiscal, y la dotación de recursos, vehículos y tecnología de última generación para reforzar la seguridad en la región.
Adelantó también el lanzamiento del Plan Güemes, que incrementará la presencia de gendarmes, policías federales y prefectura naval en la zona fronteriza.
“Soy el primer gobernador en la historia de Salta que logró que todas las fuerzas federales estén en la Frontera Norte”, afirmó Sáenz, en referencia a la colaboración con el Gobierno Nacional y la próxima instalación de la Prefectura Naval Argentina en el puerto de Aguas Blancas. Con este apoyo, el gobierno de Salta busca avanzar en el control de los pasos ilegales y frenar el ingreso de drogas al país. El mandatario provincial, volvió a apelar al pueblo de Salta y a la unidad de los ciudadanos y sus representantes en la lucha contra el narcotráfico, destacando la importancia de trabajar juntos por el bienestar y el futuro de Salta. “Estamos trabajando con hechos, no con palabras, y este es un gobernador que se va a poner al frente, a combatir el narcotráfico. Les pido que me acompañen y que me ayuden para que podamos lograrlo”.
Hacia una ley de derribo y cambios en la ley de migraciones
Durante su discurso, Sáenz hizo un llamado a los legisladores nacionales para trabajar en reformas legislativas que fortalezcan la lucha contra el narcotráfico en las fronteras.
De este modo anunció que promoverá a nivel federal reformas legislativas en lo relativo a la expulsión de extranjeros condenados. Al respecto, la ley 25.871 establece un engorroso trámite que impide expulsar del país a los extranjeros condenados en causas penales. Hasta 2004 rigió la ley 22.439, que sí lo permitía. Por imperio de la norma vigente, en los hechos sólo se puede expulsar a aquellos sobre los que se le impuso una condena de tres o más años. Con lo cual, quienes registran condenas menores se quedan en el país. En lo que atañe a la obtención de la residencia, los extranjeros condenados pueden utilizar el tiempo de detención para acreditarla en la Argentina y obtener la ciudadanía.
La propuesta será una reforma legislativa mediante la cual se pueda imponer la pena de extrañamiento, es decir de expulsión a cualquier clase de condena
En lo que respecta a una ley de radarización y derribo, se considera necesaria para el control efectivo del ingreso de sustancias prohibidas a nuestro país y por tanto para combatir la narcocriminalidad, entre otros delitos.
La sanción de una ley de radarización y derribo no vulnera la ley de Seguridad Interior 24.059, debido a que el control del espacio aéreo que se realiza en zonas de fronteras, además de ayudar a la seguridad, es un tema de defensa de la soberanía nacional porque se trata del ingreso ilegal de aeronaves que proceden de otros países e incursionan en nuestro espacio aéreo.