Posible arribo de la CIDH al país por la situación de los derechos humanos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (CIDH-OEA) convocó al Estado argentino este jueves a su sede en Washington DC, a una serie de tres audiencias que arrancaron desde las 13 y se extendieron hasta las 20.

La reunión solicitada fue para explicar la grave regresión en políticas de Asistencia, de Género y de Memoria y Verdad, con fuertes cruces por momentos, con los representantes del Gobierno de Javier Milei. En medio de este grave contexto denunciado por los integrantes de organizaciones, la CIDH analiza desembarcar en el país.

Durante la primera audiencia, los voceros de las organizaciones sociales alertaron sobre los informes con cifras muy preocupantes de pobreza e indigencia en Argentina. Remarcaron que garantizar en forma progresiva los derechos implica disponer el máximo de los recursos disponibles e implementar políticas fiscales con enfoques de derechos humanos para fortalecer la democracia. En tanto desde la CIDH hizo hincapié en que los derechos humanos son esencialmente políticos. Y que el marco de derechos humanos es un reconocimiento de que las relaciones de poder existen y que estas pueden cambiar decisiones sobre la distribución de recursos. Por su parte, desde el Estado Nacional negaron el panorama, y aseveraron el descenso de la pobreza y la asistencia total a los sectores vulnerables.

Políticas de género y diversidad sexual

Para la segunda audiencia, se abordó la grave regresión en políticas de género en el país, en políticas sobre derechos sexuales y reproductivos y la falta de cumplimiento de compromisos internacionales. Organizaciones de la sociedad civil habían solicitado la audiencia con el fin de exponer evidencia sobre este retroceso en materia de derechos de mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTIQ+ en Argentina.

Durante la audiencia, las y los comisionados solicitaron a los representantes del Gobierno argentino presentes que den respuestas sobre la coordinación de las políticas públicas sin presupuesto; que especifiquen cuáles son los programas que siguen vigentes y qué medidas tomarán para fortalecer la administración de justicia en casos de violencia de género. El Gobierno no respondió las preguntas de la Comisión, ni hizo mención alguna sobre cómo va a cumplir con sus compromisos. Solo se limitó a reconocer la falta de atribución presupuestaria a estas políticas como un error y se comprometió a realizar una adenda al presupuesto nacional.

Mientras tanto, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Argentina fue el único país en votar en contra de la prevención de la violencia contra mujeres y niñas, frente a 170 votos a favor y 13 abstenciones.

Las organizaciones de la sociedad civil instaron a la CIDH a recomendar al Estado argentino la adopción de políticas concretas que garanticen el cumplimiento de sus compromisos internacionales y aseguren el derecho de mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTIQ+ a vivir libres de violencia y a garantizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Esta audiencia fue un llamado urgente a la acción: nuestro país debe detener el desmantelamiento de políticas fundamentales y retomar su compromiso con los derechos humanos, para que los derechos básicos de sus ciudadanos y ciudadanas no dependan de decisiones políticas regresivas.

Negacionismo y el argumento de “la memoria completa”

Los momentos de máxima tensión se alcanzaron este jueves durante la última audiencia sobre la Memoria, la Verdad y la Justicia, en donde participaron organismos de Derechos Humanos, con Estela de Carlotto y Taty Almeida a la cabeza. Por su parte, el gobierno liberal libertario insistió en su narrativa de desprecio a los organismos de derechos humanos, con graves acusaciones entre ellas, que se busca una venganza contra las Fuerzas Armadas y una apelación a la “memoria completa” -como reclaman los sectores pro-impunidad.

“Vinimos por primera vez a pedir su ayuda cuando en nuestro país nos cerraban todas las puertas y negaban las graves violaciones a los derechos humanos que se estaban cometiendo”, dijo la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto, en la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el impacto de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en Argentina. Lo hizo en Casa por la Identidad de Abuelas en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA), puesto que la modalidad de la audiencia fue híbrida. Allí estuvo presente Nuevo Diario.

“Nunca, en estos 47 años de lucha, hemos bajado los brazos. Todavía buscamos a 300 hombres y mujeres que hoy pueden ser padres y madres. Por lo que también nos encontramos buscando a nuestros bisnietos”.

“En esta búsqueda colectiva hemos encontrado 137 nietos, y para ello ha sido esencial el rol del Estado. No claudicaremos, sabemos que necesitamos a todos y a todas para garantizar el Nunca más”.

A su turno, Paula Litvachky, en representación del CELS, afirmó: “Como dijo Estela, atravesamos un momento de ruptura, que amenaza décadas de compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia”.

Litvachky se refirió al desfinanciamiento, cierre de líneas de trabajo, despidos, vaciamiento de instituciones, e incluso la puesta en venta de sitios de memoria. “Nos enfrentamos a un programa que busca transformar el balance social condenatorio sobre la dictadura y habilitar una mayor violencia estatal en el presente”, subrayó.

“El rechazo al autoritarismo y la defensa de la vida están en las bases de nuestra comunidad política desde la post-dictadura y eso es lo que expresamos cuando decimos ‘Nunca Más´ -sostuvo-. Y cuando se ataca este núcleo, lo que se pretende es la demolición de esos valores y conquistas que funcionaron como una referencia para la región y el mundo”.

El secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, a su turno no sólo negó todo, sino que centró su intervención en números, cifras y porcentajes que no reflejan la realidad del vaciamiento y el desfinanciamiento de las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia, el despido de trabajadores, el cierre de programas. “Seguimos respetando la memoria, pero el Gobierno también está respetando la memoria de quienes hayan sido víctimas de terroristas. Las demandas de los peticionantes carecen de argumentos”, en una actitud permanente de desprecio a los organismos de DDHH allí presentes.

Otro de los comisionados de la CIDH, Edgar Stuardo Ralón, subrayó que “las políticas de Memoria, Verdad y Justicia son esenciales y tienen impacto en múltiples dimensiones. Una de ellas es el fortalecimiento del estado de derecho, otra la reparación integral de las víctimas”, y formuló varios interrogantes a la delegación del gobierno de Milei relacionadas con el acceso a los archivos sobre delitos de lesa humanidad.

Coraje cívico

Arif Bulkan, comisionado de la OEA ante la CIDH, resaltó el coraje cívico de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. “Son un ejemplo y una inspiración”, destacó, y relativizó la mentada crisis económica argentina que exigiría, según los representantes del Gobierno de Milei, recortar todas las políticas de reparación, ya que muchos países, dijo, tras la pandemia, se han visto en dificultades, lo cual no justifica desfinanciarlas o suprimirlas.

Luego añadió: “Me llamó la atención la discordia, se habló de venganza, pero esto tiene que ver con la sanación y la justicia. La lucha de las Abuelas es para buscar justicia y reparar los daños”. Y se preguntó hasta qué grado la sociedad puede determinar la dirección, el rumbo y las prioridades de las políticas públicas.