Causa por intimidación pública: “Esto no es político, esto es jurídico”
La fiscal penal en ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, brindó una conferencia de prensa donde dio detalles sobre la investigación que se lleva contra el diputado nacional Emiliano Estrada y tres personas más.
En conferencia de prensa, Cornejo sostuvo que la investigación lleva la carátula de intimidación pública y no se inició contra una persona en particular.
“La investigación empieza contra el NN. Después que las pruebas me hayan llevado a, eso es algo que ya no dependió de mí, sino de los informes de empresas como TikTok, Google, empresas de telecomunicación celular y declaración de dos personas. Entonces el direccionamiento no está, esto no es político, esto es jurídico. Eso por un lado“, manifestó.
La fiscal detalló que la intimidación pública es un delito previsto en el atículo 211 del penal. La pena es de 2 a 6 años de prisión.
En primera instancia, se inició la investigación a raíz de diferentes cuentas anónimas de la red social TikTok. De allí, se analizó cada video publicado a los fines de detectar si correspondían al ejercicio de la libertad de expresión
“En base a ciertos criterios jurídicos que se tuvieron en cuenta, nos dimos con que muchos de estos videos no implicaban libertad de expresión, sino que implicaban algo más. Entonces, ese fue el primer nivel de análisis. El segundo nivel de análisis es, en base a los videos, ver si se trataban de manifestaciones que pudieran implicar agravios, que dieran lugar a acciones privadas”, dijo.
Asimismo, aclaró que las acciones privadas son los delitos de calumnias e injurias, pero que no son investigados por la Fiscalía, sino que deben llevarse a cabo por cada uno de los damnificados.
“Queda un grupo muy reducido de videos que ya pasaron los dos filtros, que no implica libertad de expresión, que no implican delitos de calumnias e injurias, sino que van más allá. Y es cuando se inicia la investigación por la posible comisión del delito de intimidación pública. ¿Por qué lo remarco a esto? Porque en este delito, en esta investigación, yo no tengo víctimas físicas. Intimidación pública es un delito que tiene como bien jurídico protegido, bien que se protege, lo que defendemos, es el orden público provincial en este caso“, sostuvo.
En ese sentido, aseveró que los videos hacen referencia al narcotráfico y a un narco estado, vinculando a funcionarios públicos y personas privadas; lo cual – dijo – alarma a la población en una coyuntura donde hubo muertes por ajustes de cuentas y jueces destituidos en relación al narcotráfico.
Las imputaciones
La investigación dio como resultado cuatro personas físicas vinculadas al armado y difusión de los videos en cuestión. Dos de ellos, empleados de la Cámara de Diputados de la Nación dentro del esquema del legislador salteño Emiliano Estrada.
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Los primeros imputados, los empleados, en sus declaraciones confirmaron trabajar para Estrada e incluso lo señalaron como “el cerebro” detrás de estas cuentas falsas.
A raíz de ello, el diputado recibió hoy la imputación y tendrá la audiencia mañana. Allí, podrá decidir si declara o no.