Domínguez firmó convenios para fortalecer la reinserción de presidiarios
El ministro de Seguridad y Justicia mantuvo un encuentro con el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, donde firmaron convenios para avanzar en la reinserción social de ex presidiarios. Se evaluaron el avance de obras en cárceles.
Los ministros suscribieron un convenio de colaboración y asistencia financiera, a través del cual la cartera nacional destinará $3.918.840 al Patronato de Liberados provincial, a fin de desarrollar programas de supervisión y acompañamiento a condenados, liberados condicionales y asistidos, y a personas que hayan agotado su pena.
De esta manera, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación contribuirá a que la provincia incorpore profesionales y estudiantes avanzados de las carreras de trabajo social, abogacía, psicología y sociología, con el propósito de promover la formación académica y garantizar la reinserción social de los destinatarios de este programa.
La asistencia financiera del Gobierno Nacional busca garantizar la reintegración social de las personas que estuvieron en conflicto con la ley penal y fortalecer la estructura institucional provincial a través del desarrollo y ejecución de políticas públicas.
El Patronato de Liberados de la provincia tendrá a su cargo la implementación de los talleres de formación. Este es el segundo convenio de colaboración institucional que firma el ministro Soria con la provincia de Salta; el primero fue en el 2022.
Obras penitenciarias
Durante el encuentro, los ministros analizaron el avance de los proyectos de obras carcelarías en la provincia, donde actualmente se trabaja sobre los proyectos de la Alcaidía General y un nuevo penal en la ciudad de San José de Metán.
“Vine en el mes de mayo a reunirme con él y el proyecto ya está concluido y se complementa con otro proyecto para la construcción de una cárcel y alcaldía en la ciudad de San José de Metan” destacó Domínguez.
El proyecto para la construcción de la alcaldía en el Instituto Judicial del Centro, cuenta con capacidad para 400 personas elaborado por el Programa Federal de Arquitectura Penitenciaria (PROFAPE) que lleva adelante la Secretaría de Justicia del Ministerio Nacional.
En mayo, la Nación por medio del ministro Soria, se comprometió a asumir los costos técnicos y de asesoramiento para avanzar en los proyectos de las dos obras penitenciarias (las reformas de la Alcaidía y una nueva carcel).
Ya en julio, el ministro Domínguez presentó en Salta el proyecto de obras de ampliación en la Alcaidía.
En la presentación se brindaron detalles de los planos, diseños, especificaciones técnicas de la construcción penitenciaria, distribución de los diferentes espacios de circulación, los cuatro módulos de alojamiento, espacios de usos comunes y de visitas, sector de sanidad, locutorios, medidas de seguridad y todo lo que concierne a las condiciones edilicias que exigen los estándares internacionales para albergar a las personas privadas de la libertad.
La sobrepoblación carcelaría en Salta es una problemática que el ejecutivo provincial asumió cuando declaró la emergencia en el sector.
Datos publicados en informes del Comité Provincial contra la Tortura de Salta dan cuenta del estado edilicio que tienen los presidiarios salteños.
En mayo de este año, el organismo de control presentó un informe que reveló serías violaciones a los derechos humanos en las condicionamientos de alojamiento de la Alcaidía. En visitas que realizaron desde el Comité, se arrojaron datos que el lugar tiene una capacidad para 350 internos, y al momento de la visita se encontraban 854 personas privadas de la libertad, concluyendo que hay sobrepoblación de 504 personas, es decir del 144%.
Además, se registraron casos de permanencia prolongada, con 50 hombres privados de su libertad desde 2021 y 5 alojados desde 2020. Además, hay 55 varones que están cumpliendo condena en la Alcaidía por falta de cupo en la Unidad Carcelaria.