Milei vetó la ley que declaraba la emergencia en Bahía Blanca
Argumentó que ya existen programas en marcha y que el proyecto no especificaba cómo se financiaría. El veto afecta a los municipios más perjudicados por el temporal.
El presidente Javier Milei vetó por completo la ley que declaraba la emergencia en Bahía Blanca y Coronel Rosales, dos municipios bonaerenses severamente afectados por las inundaciones del 7 de marzo pasado.
La norma había sido aprobada por el Congreso el 4 de junio. Preveía la creación de un fondo especial de $200.000 millones para asistencia y reconstrucción, con medidas fiscales, crediticias y contractuales de alivio para los damnificados.
El veto se formalizó mediante el Decreto 424/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial. La medida fue refrendada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
La ley establecía la emergencia por 180 días y la creación del fondo bajo la órbita de Jefatura de Gabinete. También proponía exenciones impositivas, créditos blandos y priorización de proveedores locales en obras públicas.
Sin embargo, el Gobierno justificó el veto señalando que esas acciones ya se implementaron a través del Suplemento Único para la Reconstrucción (S.U.R.), un programa monetario lanzado tras el desastre.
Las acciones implementadas
Según datos oficiales, más de 37.500 personas se inscribieron al S.U.R., y el 85% de ellas ya recibió el pago correspondiente. Un 10% sigue en evaluación y el resto fue rechazado.
La Casa Rosada también sostuvo que no es posible incluir a Coronel Rosales en la ayuda estatal, ya que esa localidad no fue identificada como zona afectada por los informes técnicos del Servicio Meteorológico Nacional.
Además, el decreto objetó que el proyecto no indicaba una fuente de financiamiento, como lo exige la Ley de Administración Financiera. Eso, dijeron, lo hace “de imposible cumplimiento”.
Respecto al financiamiento de pymes y la reconstrucción de viviendas, el Gobierno afirmó que el Banco Nación ya cuenta con facultades legales para otorgar asistencia en esos rubros.
Con este veto, el Ejecutivo archivó el proyecto y cerró la posibilidad de discutirlo nuevamente durante el actual período legislativo. La decisión impacta de lleno en los habitantes de Bahía Blanca, que esperaban una respuesta más amplia del Estado.
La medida se enmarca en la política de ajuste fiscal que sostiene el oficialismo, aún frente a emergencias climáticas con consecuencias económicas y sociales de gran magnitud.
Fuente: Ámbito