Continúan las denuncias por deforestación masiva en Finca El Aybal
Un nuevo capítulo se suma al histórico conflicto por la finca El Aybal de Salvador Mazza, con la denuncia por deforestación indiscriminada en el predio que tiene casi 20 mil hectáreas en manos de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Desde 2019 existen denuncias formales sobre desmontes ilegales y tala masiva en la zona, sin que la justicia provincial ni nacional haya dado respuestas concretas.
La finca fue adquirida originalmente por Delfín Castedo, detenido por causas vinculadas al narcotráfico. Tras su caída judicial, los terrenos quedaron bajo custodia de la UBA, aunque en los hechos habrían sido explotados por terceros.
De acuerdo con Cacho Moro, referente local que acompañó las primeras inspecciones forestales, ya en 2019 se constató la tala de unas 250 mil especies nativas, entre ellas maderas finas de alto valor comercial.
“Esto empezó con la tala discriminada y siguió con un descontrol total. Se llevaron madera en grandes volúmenes sin autorización ni control”, afirmó.
En el centro de la controversia aparece el empresario Miguel Ojeda, oriundo de Mosconi, señalado por los denunciantes como quien habría operado dentro de la finca con actividades de desmonte y extracción de recursos, sin rendir cuentas ni presentar documentación habilitante.
Toma por parte de los pobladores
En este contexto, la Agrupación Gauchos de Güemes Fortín Frontera decidió tomar los terrenos. De esta manera, reclaman el derecho a utilizarlos para actividades productivas y denuncian que las comunidades locales quedaron marginadas mientras terceros explotaban los recursos.
Actualmente, pequeños productores y criadores de ganado permanecen en el predio, señalando que no cuentan con espacios suficientes para mantener a sus animales.
“No tomamos las tierras por decisión propia, sino por necesidad. Tenemos animales que terminan en la ruta porque no hay dónde meterlos”, explicaron.
Los pobladores denuncian también que, en medio del conflicto judicial, se produjo el despojo de unas 850 cabezas de ganado. Asimismo, afirman que se instalaron gasoductos cuyos beneficios no llegan a la comunidad local.
El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, fue quien intervino en el caso al ordenar que los terrenos quedaran bajo administración de la UBA. Sin embargo, los denunciantes sostienen que la universidad nunca ejerció un control real sobre la finca.
“Acá no hay más joda. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Caiga quien caiga”, advirtió Cacho Moro.
La comunidad exige la intervención de los gobiernos locales y del Nacional. Así, solicita que no miren hacia otro lado mientras se profundiza la depredación ambiental y el despojo territorial.
“No queremos más atropellos. Basta de que nos arrinconen en los peores rincones del monte mientras otros hacen negocios millonarios”, remarcaron los referentes.