El Senado activa la emergencia por el tema adicciones en Salta
El incremento sostenido de los consumos problemáticos en Salta empezó a traducirse en decisiones políticas.
Este miércoles, tras el extenso feriado, el Senado provincial reunió a autoridades de la Secretaría de Salud Mental y de la Coordinación Interministerial de Prevención y Abordaje de Consumos Problemáticos (CIPAC) para avanzar en la posible declaración de la emergencia socio-sanitaria, una herramienta que busca reorganizar recursos y reforzar la capacidad de respuesta del Estado. Las comisiones de Adicción y de Salud están encabezadas por las senadoras Leonor Minetti y Manuel Pailler, en tanto que por el Ejecutivo expusieron la coordinadora de la CIPAC, Alba Quintar, y el secretario de Salud Mental y Adicciones, Martín Teruel, quienes presentaron tanto líneas de acción como datos concretos que reflejan la presión creciente sobre el sistema sanitario.
Teruel fue quien aportó uno de los números más contundentes: la demanda en salud mental creció un 35% en el último año, un salto que no solo implica más consultas, sino también mayor complejidad clínica. En 2025 se registraron más de 88.000 consultas externas, mientras que los consumos problemáticos representaron casi el 15% de las atenciones en guardia y más del 35% de las internaciones. El dato es incómodo pero claro: los casos más graves están creciendo. En paralelo, el sistema especializado asistió a 1.687 pacientes, distribuidos entre tratamientos ambulatorios, centros de día y residencias, lo que vuelve a poner en evidencia la necesidad de ampliar la red de dispositivos más allá del hospital.
Desde la CIPAC, Quintar planteó la necesidad de abandonar la lógica de intervenciones aisladas y avanzar hacia un esquema articulado entre áreas del Estado. En esa línea, presentó cuatro ejes de trabajo: fortalecimiento de redes comunitarias con detección temprana, comunicación responsable para evitar estigmatización, programas educativos y propuestas de inclusión laboral para jóvenes.
El planteo es conocido: coordinación, territorialidad y prevención. El problema es que el contexto ya no es el mismo. Durante el intercambio, la senadora Alejandra Navarro impulsó formalmente el proyecto de emergencia, que permitiría reestructurar partidas presupuestarias, conformar equipos interdisciplinarios en municipios y mejorar la capacitación para la atención de crisis. La iniciativa fue respaldada por otros legisladores, aunque rápidamente aparecieron los límites.
El senador Walter Cruz pidió que se escuche a los equipos de salud del interior antes de diseñar nuevas políticas, mientras que Gonzalo Guaymás reclamó protocolos de desintoxicación en hospitales para evitar la saturación del sistema. Por su parte, Luciano Elvira advirtió sobre la necesidad de normalizar los gabinetes psicopedagógicos, y Esteban D’Andrea planteó la actualización de marcos legales vinculados a seguridad y justicia.
El sistema no alcanza
El dato presupuestario termina de cerrar el cuadro. Aunque la inversión en salud mental pasó del 0,8% al 1,4%, sigue muy lejos del 10% establecido por la ley. Una brecha que, en términos prácticos, explica buena parte de las limitaciones actuales. Cuando se corre el foco del recinto y se observa el sistema en su conjunto, aparecen problemas más estructurales que no se resuelven con una declaración de emergencia. No hay un mapa claro de vulnerabilidades, no se conocen con precisión las franjas etarias más afectadas, la distribución territorial del consumo ni las tasas de recuperación o abandono, y sin esa información, la planificación queda atada a aproximaciones y no a evidencia.
En ese marco, se aguardan más definiciones, atendiendo que iniciativas que no explicitan financiamiento, anuncios que no dialogan con la normativa vigente y estrategias que se comunican más como relato que como política pública, resultan totalmente insuficientes frente a una emergencia necesaria.