Diálisis en crisis: prestadores alertan por un posible colapso
La atención de pacientes renales en Salta quedó atrapada en una disputa que ya dejó de ser administrativa para convertirse en una alerta sanitaria concreta. Mientras los centros privados denuncian un ahogo financiero que pone en riesgo la continuidad de las prestaciones, el Ministerio de Salud asegura que el sistema público está en condiciones de responder y evitar que los tratamientos se interrumpan.
El conflicto escaló este miércoles tras la conferencia de prensa de la Asociación de Centros Privados de Diálisis (CEPRIDIASA), donde su presidente, Mario Espeche, describió un escenario “absolutamente crítico” marcado por una deuda que, según indicó, se arrastra desde junio de 2025. “El problema es que no te pagan en un año”, sintetizó, al cuestionar además la entrega de cheques diferidos como forma de cancelación. Pero el planteo de los prestadores fue más allá de lo financiero. “No estamos hablando de números, estamos hablando de personas que pueden morir”, advirtieron en el documento difundido tras el encuentro. Según detallaron, al menos tres centros ya derivaron pacientes al sistema público, y actualmente hay decenas de personas que quedaron fuera del circuito privado, con el riesgo de que esa cifra continúe creciendo.
El punto más delicado aparece en el impacto directo sobre la atención. Los centros señalan que la falta de financiamiento compromete la calidad del servicio, en un contexto donde los insumos -en su mayoría importados- requieren pagos anticipados. “Llega un momento que no podemos asegurar la calidad de la prestación. Si no lo hago bien, el paciente se muere”, advirtió Espeche.
La situación se agrava en el interior provincial, donde los privados no solo realizan las prácticas, sino que también sostienen la logística de traslado de pacientes que deben dializarse tres veces por semana. Según CEPRIDIASA, actualmente recorren más de 27 mil kilómetros mensuales para garantizar esos tratamientos, una estructura que consideran imposible de replicar en el corto plazo por el sistema público.
La respuesta desde la provincia
Desde el Ministerio de Salud, sin embargo, buscaron llevar tranquilidad. A través de un comunicado, afirmaron que “ningún paciente verá interrumpida su atención” y remarcaron que la Provincia viene fortaleciendo su red de diálisis con centros propios en el Hospital Arturo Oñativia y en localidades como Cafayate, Tartagal, Orán y Joaquín V. González. Según datos oficiales, el sistema público ya asiste a 190 pacientes y se encuentra en proceso de incorporar a otros 60 provenientes de centros privados. Además, confirmaron que se avanza en la apertura de un nuevo centro en General Güemes.
En cuanto al trasfondo económico, la cartera sanitaria reconoció la existencia de una deuda con los prestadores, aunque la vinculó a la quita de financiamiento nacional -particularmente del programa Incluir Salud- y al alto costo de las prestaciones nefrológicas. También anticipó auditorías en centros privados del interior ante denuncias por irregularidades, en una señal de que la tensión con el sector está lejos de descomprimirse. El problema de fondo, sin embargo, no se resuelve en comunicados. De un lado, prestadores que advierten sobre un sistema que puede colapsar si no hay financiamiento inmediato. Del otro, un Estado que afirma estar en condiciones de absorber la demanda. En el medio, pacientes que dependen de una máquina tres veces por semana para seguir vivos. Y ahí está el detalle incómodo que nadie puede maquillar: en este conflicto, el margen de error no es político ni presupuestario, es biológico, y suele medirse en horas.