“Plan Quintar”: una estrategia ambiciosa frente a las adicciones, pero con un punto ciego

El programa presentado por la Coordinación Interministerial propone un abordaje integral de los consumos problemáticos. Pero el análisis de especialistas, se expone una contradicción estructural: la ausencia de diagnóstico pormenorizado y datos puntuales que orienten la intervención estatal.

Crisis que desbordó los márgenes

La discusión sobre consumos problemáticos en la provincia dejó de ser un tema periférico para convertirse en un problema estructural que tensiona al sistema de salud, atraviesa a las familias y se instala en los territorios con una intensidad cada vez mayor. Lo que durante años se expresó como advertencia hoy aparece como evidencia. Los datos presentados esta semana en el Senado terminan de confirmar esa percepción: la demanda en salud mental creció un 35% en el último año y los consumos problemáticos tienen una incidencia creciente en los dispositivos de mayor complejidad, con fuerte presencia en guardias e internaciones. Ese escenario funciona como telón de fondo del Plan Provincial de Prevención y Abordaje de Consumos Problemáticos 2026, presentado por la Coordinación Interministerial (CIPAC), a cargo de Alba Quintar. La iniciativa no sólo intenta dar respuesta a la coyuntura, sino ordenar un sistema que, hasta ahora, venía operando con niveles altos de fragmentación.

El intento de ordenar un sistema disperso

El plan se construye sobre una premisa que, a esta altura, nadie discute: los consumos problemáticos no pueden abordarse desde una única área del Estado ni reducirse a una cuestión exclusivamente sanitaria. Los ejes definidos —detección temprana en territorio, generación de espacios de pertenencia para jóvenes, inclusión laboral y campañas de concientización— responden a una lógica preventiva que intenta correr el foco del tratamiento tardío hacia la anticipación del riesgo. No es un detalle menor. Durante años, el sistema operó reaccionando a la emergencia, sin construir dispositivos sólidos de prevención. En ese sentido, Quintar introduce una corrección conceptual importante: desplaza la mirada desde el síntoma hacia las condiciones que lo producen.

La guía que fija reglas y expone contradicción

Ese enfoque no aparece aislado. Está respaldado por la propia Guía Provincial, que establece criterios técnicos para el diseño de políticas en la materia. La guía es clara: toda intervención debe ser planificada sobre la base de información confiable, contar con registros sistemáticos, establecer indicadores de seguimiento y permitir la evaluación de resultados. El problema es que ese estándar, definido por el propio Estado, no aparece reflejado en el punto de partida del plan.

El psicólogo y periodista especializado en salud mental Rodolfo Ceballos en diálogo con Nuevo Diario situó allí el eje de su análisis. No cuestiona la orientación general del plan ni su estructura conceptual. Lo que señala es una falla más profunda: la ausencia de un diagnóstico estadístico que permita orientar la política pública. No hay, al menos en la presentación del plan, una línea de base que detalle con precisión la prevalencia de consumos, los grupos etarios más afectados, la distribución territorial del problema ni las trayectorias de atención.

La política puede desplegarse de manera homogénea sobre realidades heterogéneas, diluyendo recursos y perdiendo capacidad de impacto. Pero además, queda sin una herramienta fundamental: la posibilidad de medir resultados. La propia guía lo plantea sin rodeos: sin información confiable y sin sistemas de evaluación, la política pública se vuelve declarativa. Ceballos traduce esa advertencia: sin diagnóstico, no hay priorización. Y sin priorización, no hay política efectiva.

La crítica no se limita al plan. Se inscribe en una dinámica más amplia que, según el especialista, caracteriza al campo de la salud mental en la provincia desde hace años. Múltiples actores intervienen sobre el mismo problema, pero sin una conducción clara ni una base común de información. En ese contexto, los discursos tienden a ocupar el lugar que deberían tener los datos. La problemática se describe como “flagelo”, como “enemigo”, como crisis social, pero pocas veces se la presenta con indicadores concretos que permitan dimensionarla con precisión.

Prevención y urgencia

El plan apuesta a la prevención como eje estructural. Y en términos conceptuales, la decisión es correcta. La evidencia muestra que intervenir tempranamente reduce daños, mejora trayectorias y disminuye la presión sobre el sistema sanitario. Pero hay una tensión difícil de resolver. La prevención es una estrategia de mediano y largo plazo. La crisis actual es inmediata. Los equipos de salud enfrentan situaciones críticas todos los días, los dispositivos están exigidos al límite y la demanda supera la capacidad de respuesta. En ese escenario, la prevención es necesaria, pero insuficiente. El riesgo es que la política quede desfasada respecto del problema que intenta abordar.

El territorio como clave y límite

Uno de los pilares del plan es la territorialidad. Llevar la intervención al territorio, fortalecer redes comunitarias y trabajar con actores locales es, en teoría, el camino más eficaz. Pero también es el punto donde aparecen las mayores desigualdades. No todos los municipios cuentan con los mismos recursos, equipos técnicos ni capacidades de implementación. La propia guía reconoce que la eficacia del sistema depende de una red territorial sólida, articulada y con capacidad operativa real. Sin un diagnóstico que identifique esas diferencias, el riesgo es que el plan se despliegue de manera desigual, reproduciendo las brechas que intenta corregir.

El plan de abordaje de adicciones que busca ser sustento a la declaratoria de emergencia en la provincia representa un intento serio de construir una política pública integral en un campo históricamente fragmentado. Reconoce la complejidad del problema, propone articulación y busca instalar la prevención. Pero arrastra una contradicción difícil de ignorar. El propio Estado define que las políticas deben basarse en datos, ser medibles y evaluables. Y al mismo tiempo presenta una estrategia sin un diagnóstico claro. En una provincia donde los consumos problemáticos crecen, donde la demanda ya desbordó los dispositivos y donde las respuestas urgentes conviven con discursos fragmentados, esa ausencia no es un detalle técnico.