Ajuste severo en Mosconi: suspenden subsidios y limitan asistencia social
La crisis económica dejó de ser una abstracción de indicadores nacionales para materializarse con fuerza en las cuentas municipales del norte salteño.
En General Enrique Mosconi, la intendenta Ana Guerrero Palma confirmó la implementación de un paquete de ajuste que redefine de manera contundente el rol del Estado local: se suspenden los subsidios y se restringe la asistencia social a casos estrictamente vinculados a urgencias de salud.
La decisión responde a un escenario financiero cada vez más estrecho. La caída de los ingresos por coparticipación, sumada a una recaudación local debilitada, obligó al Ejecutivo a priorizar el sostenimiento de los servicios básicos por sobre la contención directa a la población.
El diagnóstico económico detrás de la medida se resume en lo que especialistas denominan “efecto tijera”: mientras los recursos se reducen, los costos operativos continúan en alza. Combustibles, repuestos e insumos esenciales para el funcionamiento del municipio registran incrementos sostenidos, lo que tensiona aún más el equilibrio de las cuentas públicas. En ese marco, uno de los factores centrales es el derrumbe de la coparticipación. Al estar atada a la recaudación de impuestos nacionales como el IVA y Ganancias, la retracción del consumo impacta de forma directa en los fondos que reciben las comunas. Menos actividad económica implica menos transferencias, y, por lo tanto, menor capacidad de respuesta estatal. A esto se suma la fragilidad de la recaudación propia.
En contextos de crisis, el pago de tasas municipales suele ser una de las primeras obligaciones que familias y pequeños comerciantes postergan. El resultado es una doble presión sobre las arcas locales: menos ingresos externos y menor flujo interno.
Las medidas adoptadas por Mosconi también se inscriben en un proceso más amplio de reorganización económica impulsado a nivel provincial. El gobernador Gustavo Sáenz viene planteando la necesidad de una administración “de emergencia” en los municipios, en línea con el congelamiento salarial y otras decisiones orientadas a contener el gasto público frente al deterioro de los recursos. Sin embargo, el impacto de este tipo de ajustes no es neutro. En localidades como Mosconi, Tartagal o Aguaray, el municipio representa muchas veces la primera y última instancia de asistencia para sectores en situación de vulnerabilidad. La suspensión de subsidios y la limitación de ayudas sociales no urgentes generan una presión inmediata sobre un tejido social ya tensionado.
La decisión de concentrar los recursos en salud busca “blindar” el área más crítica, pero deja expuestas otras demandas urgentes vinculadas a la alimentación, la vivienda y el sostenimiento cotidiano de muchas familias. En un contexto donde la inflación regional del NOA alcanzó el 4,0% en marzo, por encima del promedio nacional, el recorte de la asistencia estatal profundiza los riesgos de exclusión.
Desde una mirada estructural, el caso de Mosconi refleja una problemática extendida en el departamento San Martín: la alta dependencia de transferencias nacionales y provinciales. Esta limitación en la autonomía financiera reduce el margen de maniobra de los gobiernos locales, que quedan condicionados por decisiones macroeconómicas tomadas lejos del territorio.
El ajuste, en este sentido, aparece como una estrategia defensiva. El objetivo inmediato es evitar el colapso de las cuentas municipales y garantizar la continuidad de servicios esenciales como la recolección de residuos o el mantenimiento urbano. Pero el costo social de esta “austeridad selectiva” podría hacerse sentir con fuerza en el corto plazo.
Cruces con concejales
A la tensa situación en Mosconi, se suma otro episodio a partir de la denuncia pública de la intendenta de la localidad Guerrero, quien informó que los empleados municipales no podrán cobrar sus sueldos en el corto plazo, tras un conflicto surgido en la sede bancaria local.
Según explicó la jefa comunal, el municipio venía trabajando con un esquema financiero que incluye coparticipación, regalías y recaudación propia, complementado con un mecanismo habitual denominado “giro en descubierto”, que permite adelantar el pago de haberes hasta que ingresen los fondos provinciales.
Sin embargo, la situación se complicó cuando —de acuerdo a sus declaraciones— los concejales Horacio Carrizo y Norma Cabral se presentaron en la sucursal bancaria para cuestionar dicha operatoria, lo que derivó en la suspensión del procedimiento.
Guerrero calificó la acción como “extorsiva y desestabilizadora”, asegurando que la medida perjudica directamente a los trabajadores municipales, quienes esperaban percibir sus salarios en las próximas horas.
Además, sostuvo que esta herramienta financiera es utilizada de manera habitual por distintos municipios y remarcó que cuentan con las facultades para implementarla.
El conflicto ahora se encuentra en el área legal del banco, por lo que el pago de sueldos dependerá del ingreso de fondos provinciales en los próximos días.