La Auditoría reportó irregularidades en la ejecución presupuestaria del municipio de Iruya
El organismo de auditoría encontró anomalías en la ejecución presupuestaria de Iruya. Según se informó, se realizaron gastos con excedentes sin autorización del Concejo Deliberante y se incorporó más personal del que permite una ordenanza en el municipio.
La Auditoría General de la Provincia de Salta realizó una evaluación de las cuentas del Municipio de Iruya correspondientes a la gestión de 2021, la cual se aprobó recién en el 2024.
Durante los reportes detectaron múltiples irregularidades en la ejecución presupuestaria, en relación con obras públicas, donde no justifican los movimientos de cada fondo con las demandas municipales.
“No fue posible determinar el costo que demandó cada obra y la legalidad de las mismas cuando la Municipalidad ofició de contratista y que no se pudo establecer el origen de $1.435.187,33 en concepto de “Servicios de la Deuda”, informaron en el el documento de auditoría.
A su vez, se determinó que los recursos percibidos en este marco tuvieron un tratamiento e imputación presupuestaria incorrectos. También en el caso de los pagos a escuelas por $1.970.000 correspondientes a transferencias provinciales al municipio.
Asimismo, se determinó que el municipio realizó gastos con recursos excedentes que no estaban estipulados dentro del presupuesto anual sin autorización del Concejo Deliberante. El mayor de los egresos fue por $8.839.742,83 en concepto de “Bienes de Uso”, seguido de $3.686.810,42 destinados a “Bienes de Consumo” y $2.108.973,64 dirigidos a un aumento de planta de personal.
También se detectó un aumento de personal superó el límite permitido por la Ordenanza Presupuestaria N° 56/21. Allí constataron la liquidación de haberes a siete empleados por encima del número autorizado, de 72 cargos” ya que al 31 de diciembre de 2021 el plantel tenía 79 empleados.
Demoras en las rendiciones de fondos
En tercera instancia, la Auditoría registró demoras en las rendiciones de fondos ya que el plazo estipulado es de 15 días corridos, pero para el programa “Asistencia Crítica” la rendición se realizó en 136 días corridos; para la iniciativa “Pan Casero” tardaron 100 días corridos; y para “AIPAS”, 113.
Además, el equipo de auditoría calificó estas debilidades como limitaciones de alcance para una evaluación acabada, dado que las autoridades del pueblo turístico no presentaron el Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos tal como lo exige la Ley N° 8126. Cabe aclarar que no se pudo conocer el gasto público de la Municipalidad según la naturaleza de los servicios que brinda.
Por otro lado, también detectaron debilidades en el sistema de control interno, puesto que no había una estructura organizativa formalmente aprobada expresada en organigramas, manuales de funciones y definiciones de áreas de responsabilidad y líneas de autoridad.