Amenazas en colegios: Fallo judicial reabre el debate de como intervenir sin vulnerar derechos
La Justicia impuso medidas a un adolescente por intimidaciones en un colegio. Especialistas, organismos y espacios de derechos humanos cuestionan el enfoque punitivo y reclaman respuestas integrales.
La intervención de la Justicia juvenil ante un caso de amenazas en un establecimiento educativo volvió a poner en discusión cómo deben abordarse estos episodios que, lejos de ser aislados, se replican en distintas escuelas del país.
El juez en lo Penal Juvenil y de Garantías N°3, Hugo Alejandro Fernández Esteban, resolvió otorgar la suspensión del juicio a prueba a un joven implicado en el envío de mensajes de intimidación pública. La medida fue solicitada por la fiscal Penal Juvenil 2, Carolina Hernández, estableció que el adolescente deberá pedir disculpas públicas ante las autoridades del colegio en sus tres turnos, relatar ante sus compañeros lo sucedido y las consecuencias de su detención, y someterse a un tratamiento psicológico durante un año. Además, deberá cumplir pautas de conducta y su familia realizar una donación mensual a una institución especializada. Tras la audiencia, recuperó la libertad bajo la responsabilidad de su madre.
Fallo bajo cuestionamiento
La resolución no tardó en generar cuestionamientos. Desde distintos espacios se advierte que algunas de las medidas podrían entrar en tensión con el principio del interés superior del niño y con la obligación de resguardar su dignidad. El Foro de Observación de la Calidad Institucional de Salta (FOCIS) sostuvo que el fallo presenta un enfoque “punitivista y humillante”, al tiempo que advirtió que la exposición pública del adolescente puede derivar en estigmatización y afectar su proceso de desarrollo. En ese sentido, remarcaron que los jóvenes en conflicto con la ley deben preservar su anonimato y no ser expuestos ante la comunidad educativa. También señalaron que la narración obligada de la detención y las disculpas públicas no necesariamente contribuyen a una reparación genuina, sino que pueden reforzar la distancia con la institución escolar y consolidar sentimientos de hostilidad.
La mirada de la salud mental
Desde el campo profesional, el especialista Rodolfo Ceballos fue más allá y planteó que este tipo de respuestas no abordan el problema de fondo. “Hay que defender la vigencia de los derechos del niño. Se conoció una sentencia arbitraria e inconstitucional”, afirmó, al tiempo que describió el contexto actual como parte de un “brote de violencia escolar”. Ceballos introdujo además el concepto de “síndrome del muro escolar”, para explicar la desconexión que muchos jóvenes experimentan con la institución educativa. Según sostuvo, cuando un estudiante no se siente contenido, puede reaccionar desde el conflicto o la ruptura del vínculo, lo que exige respuestas orientadas a la reconstrucción y no a la exposición.
Derechos Humanos y responsabilidad parental
En la misma línea, la Asociación de Derechos Humanos “Coca” Gallardo advirtió que las escuelas “no son islas”, sino reflejo de una crisis social más amplia. Bajo la consigna “la escuela es territorio de paz y derechos”, el espacio reclamó una intervención estatal integral que supere el enfoque exclusivamente punitivo. Entre los puntos planteados, destacaron que el abordaje de estas situaciones debe involucrar de manera articulada a las áreas de Educación, Salud Mental y Seguridad, priorizando siempre el interés superior del niño y del adolescente.
También advirtieron que la retirada de políticas públicas de contención agrava la vulnerabilidad en las aulas y deja a docentes y comunidades educativas sin herramientas suficientes. Asimismo, hicieron un llamado a las familias para acompañar a los jóvenes, especialmente en el uso de entornos digitales donde muchas veces se gestan estos conflictos, y remarcaron la necesidad de proteger a los trabajadores de la educación que enfrentan estas situaciones.
Desde FOCIS, además, insistieron en que reducir estas amenazas a delitos aislados resulta insuficiente. Propusieron abordajes interdisciplinarios, con participación de la comunidad educativa y políticas orientadas a la prevención, la convivencia y la educación para la paz. El planteo es claro, aunque incómodo: no se trata de relativizar la gravedad de las amenazas, sino de evitar respuestas que, en nombre de la sanción, terminen vulnerando derechos o profundizando el problema.