Amparo colectivo contra la obra social de los gendarmes y denuncia por abandono de persona
En San Ramón de la Nueva Orán, familiares de efectivos de Gendarmería Nacional, junto a sus representantes legales, impulsan un amparo colectivo contra la obra social IOSFA y avanzan con denuncias penales por abandono de persona, en el marco de una crisis que se agravó tras la muerte de dos uniformados.
La situación tomó estado público en las últimas horas, luego de que el abogado Alejandro González brindara detalles en entrevistas radiales locales sobre las acciones judiciales en curso. Según explicó, las presentaciones incluyen demandas en el fuero civil por daños y perjuicios, así como denuncias penales que también podrían incorporar la figura de mala praxis médica. El conflicto se desencadenó tras los fallecimientos del sargento primero Darío Molina y del cabo Mauro Ponte, cuyos familiares denuncian graves irregularidades en la atención médica y falta de cobertura por parte de la obra social.
Relatos que exponen el sistema
Yudith González, esposa de Molina, describió el recorrido que atravesaron en el sistema de salud. Según su testimonio, su marido permaneció varios días internado sin respuestas claras, fue dado de alta pese a su estado y debió ser reingresado de urgencia al día siguiente. “Estuvimos cuatro días en el hospital. Le dieron el alta y me dijeron que no tenía nada. Al otro día no podía respirar, lo internaron de nuevo y terminó falleciendo”, relató. A partir de estos hechos, las familias iniciaron acciones legales individuales, al tiempo que se suman al amparo colectivo que busca garantizar la cobertura médica integral para el personal de Gendarmería.
Amparo colectivo y causas en marcha
El abogado González confirmó que la presentación del amparo se realizará ante la justicia federal entre este viernes y el lunes, cuando se formalice el expediente. La estrategia judicial incluye también la participación de la abogada Romina Tapia y apunta tanto contra la obra social como contra las instituciones que intervinieron en la atención. “El personal sufre descuentos en sus haberes, pero la obra social no cumple con las prestaciones”, sostuvo el letrado. Además, indicó que se convocó a los afiliados a sumarse a la acción colectiva, en medio de un reclamo que ya reúne cientos de adhesiones.
Crisis de cobertura y reclamo colectivo
Uno de los puntos más críticos señalados por los familiares es que IOSFA no estaría brindando prestaciones en Orán desde hace semanas, pese a los descuentos que reciben los efectivos, que pueden oscilar entre los 100 mil y 300 mil pesos mensuales. El reclamo ya suma alrededor de 500 firmas, con fuerte participación local y adhesiones de otras provincias como Formosa, Chaco, Mendoza, Misiones, Jujuy y Tucumán. Según indicaron, las falencias en la cobertura también afectan tratamientos complejos, enfermedades graves y casos de discapacidad.
El caso también tuvo repercusión en el ámbito político local. Si bien el tema iba a ser abordado en el Concejo Deliberante de Orán, el tratamiento se postergó por diferencias entre los concejales, aunque previamente se había impulsado una invitación a los familiares para respaldar el reclamo. Mientras tanto, las familias sostienen la visibilización del conflicto y el avance judicial con un objetivo concreto: que se garantice el acceso a la salud para los efectivos y evitar que se repitan situaciones similares.
Insisten en anular el contrato con Orán Luz
Un proyecto de ordenanza presentado en el Concejo Deliberante de Orán propone desechar el contrato celebrado entre el Municipio y la empresa Orán Luz, en medio de fuertes cuestionamientos por presuntas irregularidades administrativas, legales y financieras.
La iniciativa advierte que el acuerdo habría sido firmado sin respetar los procedimientos establecidos en la normativa vigente, especialmente en lo referido al régimen de contrataciones, que exige mecanismos de selección objetivos, publicidad y concurrencia. Según se detalla, incluso se habrían dejado sin efecto ordenanzas previas vinculadas al proceso licitatorio, generando un marco de incertidumbre legal.
Uno de los puntos más críticos señalados es que el contrato comprometería más del 100% de la recaudación municipal, lo que implicaría un endeudamiento que afecta otras áreas de los servicios públicos. Además, se remarca que no habría existido autorización del Concejo Deliberante ni previsión presupuestaria adecuada, lo que podría constituir una grave falta administrativa.