Allanaron a 19 personas en una causa por presuntas estafas
Una investigación por presuntas estafas procesales derivó en 19 allanamientos simultáneos en esta capital, donde se secuestraron dinero, documentación y dispositivos electrónicos vinculados a la causa.
El operativo fue impulsado por la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), bajo la dirección del fiscal penal interino Pablo Rivero, y ejecutado por personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).
La medida fue autorizada por el Juzgado de Garantías 5 del distrito Centro, a cargo del juez Pablo Zerdán. Los procedimientos incluyeron un estudio jurídico, domicilios particulares de los investigados y distintos inmuebles que habrían sido utilizados como domicilios ficticios en procesos judiciales. En el caso del estudio, ubicado sobre avenida Uruguay, intervino el Colegio de Abogados y Procuradores de Salta y se designó un veedor para garantizar la legalidad del procedimiento y el resguardo del secreto profesional.
En total, participaron 55 efectivos y se utilizaron 13 vehículos para la ejecución coordinada del operativo.
Inicio de la causa
La investigación se originó a partir de informes elevados por los juzgados de Procesos Ejecutivos de 1°, 2° y 3° Nominación, que detectaron irregularidades reiteradas en expedientes promovidos por una misma parte actora, patrocinada por un mismo abogado.
Entre las anomalías se advirtieron domicilios coincidentes entre actores y demandados, así como direcciones inexistentes o sin vinculación con las personas involucradas.
A estas irregularidades se sumaron denuncias particulares y tareas preliminares de investigación.
El análisis de más de 70 expedientes permitió identificar patrones sistemáticos de conducta y señalar como principales investigados a una mujer -quien figuraba como actora- y a un abogado del foro local.
La maniobra investigada
Según la hipótesis fiscal, la organización habría captado personas en situación de vulnerabilidad económica a quienes les otorgaban préstamos informales bajo condiciones abusivas.
Como parte del mecanismo, se les exigía la firma de pagarés en blanco, que luego eran completados con montos y datos falsos o desproporcionados.
Posteriormente, se iniciaban demandas ejecutivas utilizando esos documentos, consignando domicilios falsos o ajenos a los supuestos deudores.
Esto impedía la correcta notificación y dejaba a las víctimas en estado de indefensión, facilitando embargos sin posibilidad de defensa y el consecuente desapoderamiento de bienes o afectación de ingresos.
La pesquisa también detectó inconsistencias patrimoniales y el uso de presuntos prestanombres, además de la existencia de una sociedad comercial, Famosa Bankia SA, que habría funcionado como soporte de la operatoria.
Allanamientos
En el estudio jurídico allanado se secuestró dinero en moneda nacional y extranjera, una computadora, teléfonos celulares, expedientes y pagarés relacionados con la causa.
En el domicilio de la principal investigada se incautaron sumas de dinero, documentación, cuadernos, un talonario de pagarés en dólares, un teléfono celular y comprobantes bancarios.
Además, en distintos inmuebles utilizados como domicilios en los procesos judiciales, se verificó que muchos estaban deshabitados, en estado de abandono o pertenecían a terceros sin relación con la causa.
En algunos casos, los ocupantes actuales manifestaron desconocer cualquier vínculo con los investigados.
Ante el riesgo de entorpecimiento de la investigación, el fiscal solicitó también el levantamiento del secreto bancario de los implicados, la prohibición de salida del país y la restricción de contacto con denunciantes y damnificados. Las personas sospechadas fueron citadas a audiencia de imputación en la UDEC.