Más de 50 familias de una feria de calle Florida denuncian riesgo de desalojo
Más de 50 familias que trabajan en la tradicional Feria Regional de calle Florida 260 atraviesan una situación de fuerte incertidumbre laboral, luego de haber sido notificadas para desalojar los locales que ocupan desde hace años.
En reclamo por la continuidad de sus fuentes de trabajo y el cumplimiento de los contratos vigentes, los trabajadores convocaron a una gran manifestación bajo la consigna: “No somos números, somos 50 familias”. La protesta fue convocada para este viernes 15 de mayo, en Florida 260, donde funcionan alrededor de 60 locales comerciales.
Según señalaron los feriantes en diálogo con Nuevo Diario, el espacio tiene más de 50 años de historia y allí trabajan familias que dependen directamente de esos ingresos para sostener sus hogares. Uno de los trabajadores explicó que hace apenas ocho meses firmaron un contrato por tres años, pero que el 26 de febrero recibieron una notificación en la que se les otorgaba un plazo de tres meses para dejar el lugar. Ese plazo vencería el próximo 26 de mayo. “A nosotros nos notificaron el 26 de febrero. Nos mandaron una notificación de que teníamos tres meses para desalojar. El plazo se cumple ahora, el 26 de mayo. Supuestamente, nosotros tendríamos que desalojar e irnos. Estamos a la espera de ver qué va a pasar, porque la verdad es una incertidumbre total”, relató uno de los feriantes. Los trabajadores indicaron además que ya iniciaron distintas acciones para intentar revertir la situación. Según detallaron, enviaron cartas documento, solicitaron una instancia de mediación y presentaron una medida cautelar ante la Justicia.
Sin embargo, hasta el momento no obtuvieron una respuesta favorable. “Presentamos carta documento, fuimos a mediación. En la carta documento no recibimos ningún tipo de respuesta. En la mediación fueron los abogados, pero tampoco se llegó a ningún acuerdo. Presentamos una medida cautelar, que fue rechazada por el juez, después hicimos la extensión de la cautelar y también fue rechazada”, señalaron.
De acuerdo con el testimonio brindado a este medio, los propietarios mantendrían su postura y no habría, hasta ahora, una instancia de negociación que permita garantizar la continuidad laboral de los puesteros. Los trabajadores mencionaron entre los propietarios a Javier David, exdirigente político salteño.
“Son aproximadamente más de 50 familias que se están quedando sin su fuente laboral. Hay gente que realmente no tiene dónde ir. Estamos viviendo momentos complicados, difíciles, en todos los rubros”, advirtieron. El principal reclamo de los feriantes apunta a que se respeten los contratos firmados y se evite el cierre o desalojo de los locales sin una alternativa concreta para quienes dependen de esa actividad. Según explicaron, conseguir otro espacio comercial resulta prácticamente imposible por los costos actuales del mercado. Uno de los trabajadores sostuvo que para ingresar a un local pequeño en otra galería o feria se exige el pago de una “llave” que puede rondar entre los 5 y 7 millones de pesos, además de un mes adelantado y otro de depósito. “Estamos hablando de una burrada de plata. Lamentablemente, mucha gente va a quedar en la calle”, expresó. El reclamo no solo expone un conflicto contractual entre propietarios y trabajadores, sino también una problemática social más amplia: la fragilidad de quienes sostienen economías familiares desde pequeños comercios, en un contexto de caída del consumo, aumento de costos y dificultad para reinsertarse en otros espacios laborales.
Los feriantes remarcaron que detrás de cada local hay familias completas que dependen de la continuidad de la feria. Por eso convocaron a vecinos, familiares y trabajadores a acompañar la manifestación en defensa de las fuentes laborales y en rechazo a una medida que, de concretarse, dejaría sin sustento a decenas de hogares. En un país donde sostener un trabajo ya parece deporte extremo, los feriantes piden algo bastante básico: que se cumpla lo firmado.