Denuncian que derribaron una vivienda en San Carlos en medio de un conflicto por desalojo
Las familias desalojadas denunciaron que la vivienda ubicada en el terreno en disputa fue desmantelada mientras la causa continúa en trámite judicial y advirtieron que el lugar debía preservarse para futuras pericias.
Según relataron los denunciantes, al regresar al predio encontraron la casa prácticamente destruida. Además, aseguraron haber observado salir del lugar una camioneta cargada con tarimas y maderas pertenecientes a la construcción.
Los afectados intentaron radicar una denuncia en el destacamento policial de San Carlos, aunque afirmaron que no les fue recibida “por falta de testigo”.
El abogado de los imputados, Humberto Vázquez, cuestionó duramente lo ocurrido. Así, sostuvo que la destrucción de la vivienda podría alterar pruebas fundamentales para la investigación judicial en curso.
“El lugar no debía tocarse porque tenía que servir para futuras pericias”, señalaron desde el entorno de las familias involucradas en el conflicto.
La causa judicial y los reclamos
La situación se da en medio de la causa iniciada tras el operativo de desalojo realizado el 29 de abril. Allí, se detuvo a Néstor Gómez, Silvio Aguirre y Fermín. Los acusaron de usurpación, resistencia a la autoridad y amenazas.
Días atrás, Vázquez había confirmado que los acusados obtuvieron el beneficio de prisión domiciliaria mientras avanza la apelación presentada por la defensa para lograr el desprocesamiento total de los imputados.
En declaraciones públicas, el abogado había apuntado contra el accionar judicial y cuestionó tanto a la Fiscalía como al Juzgado interviniente.
“Si tenemos que pedir jurado de enjuiciamiento para la jueza y la fiscal, lo vamos a hacer”, advirtió.
Además, denunció supuestas irregularidades vinculadas a maniobras inmobiliarias y defendió el derecho posesorio de familias que, según afirmó, habitan el lugar desde hace varias generaciones.
“El abuelo de Mamaní adquirió esas tierras alrededor de 1950 y hay familias viviendo ahí hace más de cien años”, sostuvo el letrado, quien habló de una “connivencia a simple vista fraudulenta” en torno a trámites de prescripción adquisitiva.
El conflicto ya había generado fuerte repercusión semanas atrás, cuando familiares de los detenidos denunciaron que los acusados iniciaron una huelga de hambre seca mientras permanecían alojados en la comisaría de Cafayate.
Según habían informado Marcelina Mamani y Julia López, familiares de uno de los imputados, los detenidos dejaron de ingerir alimentos y líquidos como medida de protesta por su situación judicial, lo que obligó a su traslado al Hospital Nuestra Señora del Rosario para recibir asistencia médica e hidratación.
Ahora, con la destrucción del hogar, la situación judicial se complica y queda a la espera de la definición de la Justicia.