Sáenz volvió a reclamar radarización en la frontera norte ante el avance delnarcotráfico
El gobernador Gustavo Sáenz volvió a colocar en la agenda nacional uno de los reclamos que Salta viene sosteniendo con insistencia: la necesidad de radarizar la frontera norte para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
El planteo fue realizado este viernes 22 de mayo de 2026, durante la I Reunión Interprovincial del Consejo de Seguridad Interior, que se desarrolló en San Miguel de Tucumán con la participación de autoridades nacionales, gobernadores del NOA, fuerzas federales y funcionarios provinciales del área de seguridad.
El encuentro contó con la presencia de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva; el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo; el mandatario de Santiago del Estero, Elías Suárez; el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir; el vicegobernador de Catamarca, Rubén Dusso; además de representantes de fuerzas federales y provinciales.
Por Salta también participó el ministro de Seguridad, Gaspar Solá Usandivaras. En ese marco, Sáenz remarcó que la seguridad requiere una estrategia coordinada entre Nación y provincias, especialmente en una región donde las fronteras terrestres y aéreas son utilizadas por organizaciones criminales. “El crimen organizado no conoce límites ni jurisdicciones”, sostuvo el mandatario salteño, al insistir en que la respuesta estatal tampoco puede estar fragmentada.
El Plan Güemes como argumento político y operativo
Durante su intervención, Sáenz defendió los resultados del Plan Güemes, al que presentó como una muestra de que la articulación entre Nación, Provincia, fuerzas federales y la Policía de Salta puede tener impacto concreto.
Según los datos expuestos por el gobernador, en 17 meses de funcionamiento el operativo permitió desbaratar bandas criminales, detener a más de 700 narcotraficantes y secuestrar más de 7 toneladas de droga.
El mandatario calificó esos resultados como “un hecho histórico” para la provincia y subrayó que actualmente la frontera norte cuenta con la custodia de más de 1.700 efectivos de fuerzas federales, entre Gendarmería Nacional, Policía Federal y Prefectura Naval Argentina. También destacó que Prefectura instaló en Salta, por primera vez, una base operativa.
Sin embargo, Sáenz dejó en claro que el despliegue territorial no alcanza si no se avanza en el control del espacio aéreo. Allí aparece el punto central de su reclamo: radarización, tecnología y capacidad de detección frente a organizaciones que, según advirtió, también modernizan sus métodos.
“No nos olvidemos que estamos peleando y luchando contra un enemigo que cada vez se supera más en tecnología y nosotros tenemos que seguir trabajando en mejorar la nuestra”, planteó el gobernador.
“La custodia de la frontera es competencia de Nación”
Sáenz también marcó un límite político y jurisdiccional. Señaló que la custodia de las fronteras no es competencia directa de la provincia, sino del Estado nacional, aunque sus consecuencias impactan de lleno en Salta.
“La custodia de la frontera no es un tema que sea de jurisdicción y competencia de la provincia, sino de Nación; pero nos afecta a todos. No podemos mirar hacia otra parte y decir que no es un problema nuestro, pues es un problema que nos golpea y nos duele a todos, todos los días”, expresó.
Con esa definición, el mandatario volvió a insistir en una idea que ya había sido planteada en debates provinciales anteriores: las provincias pueden acompañar, invertir, coordinar y reclamar, pero no pueden reemplazar las obligaciones federales en materia de control fronterizo, defensa del espacio aéreo y combate al narcotráfico transnacional.
Monteoliva: “La seguridad es un ejercicio federal”
La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, recogió el planteo desde una mirada federal y aseguró que “la seguridad en la Argentina es un ejercicio profundamente federal”. En esa línea, sostuvo que no se puede gestionar “en soledad ni de manera individual” frente al avance del crimen organizado.
Monteoliva destacó el trabajo conjunto con las provincias del norte argentino y puso especial énfasis en el rol de la inteligencia criminal y el control de la logística utilizada por las organizaciones narcocriminales. Como ejemplo, mencionó el operativo realizado en el paso internacional Aguas Blancas-Bermejo, en Salta.
Frente al reclamo expuesto por Sáenz, la funcionaria nacional anunció que el Ministerio de Seguridad avanzará en convenios específicos sobre tránsito aéreo irregular con Salta, Jujuy y Tucumán. También anticipó que se formalizarán instrumentos similares con Santiago del Estero
Un reclamo hecho por la Legislatura de Salta
El planteo de Sáenz no aparece aislado. En noviembre de 2025, la diputada provincial Socorro Villamayor, del bloque Salta Tiene Futuro, había presentado un proyecto de declaración para solicitar al Poder Ejecutivo Nacional la aplicación de medidas de protección del espacio aéreo en las zonas fronterizas de Salta, incluido el Sistema de Defensa Aeroespacial para el derribo o destrucción de aeronaves hostiles.
En aquel momento, Villamayor vinculó la iniciativa con la preocupación por el avance del narcotráfico y la vulnerabilidad de las fronteras norteñas, especialmente tras hechos recientes relacionados con el aterrizaje y caída de avionetas cargadas con droga.
“Somos una provincia fronteriza que forma parte de la ruta del narcotráfico”, había señalado la legisladora en diálogo con Nuevo Diario.
La diputada también había advertido que, si las legislaturas provinciales levantaban su voz, podía impulsarse una política nacional más firme en defensa del espacio aéreo. Esa línea argumental es la que ahora vuelve a aparecer en el reclamo del gobernador: el problema no puede resolverse solo desde Salta, pero Salta busca instalarlo en la agenda nacional.
El antecedente legislativo de noviembre también había reactivado una discusión sensible: la llamada Ley de Derribos. Villamayor recordó entonces que en 2016, durante la presidencia de Mauricio Macri y con Patricia Bullrich al frente del área de Seguridad, se implementó por decreto un protocolo de protección del espacio aéreo en el marco de la emergencia en seguridad.
Ese esquema habilitaba a identificar, advertir, intimidar y, en última instancia, utilizar la fuerza contra aeronaves consideradas hostiles. Sin embargo, la legisladora salteña cuestionó que esa herramienta dependiera de un decreto y no de una ley sancionada por el Congreso.
El encuentro
Durante la reunión en Tucumán, uno de los ejes de trabajo fue precisamente el tránsito aéreo irregular. Antes del Consejo, los gobernadores y la ministra Monteoliva mantuvieron una reunión de trabajo para analizar estrategias conjuntas contra el narcotráfico y el crimen organizado en la región, con especial atención a la problemática de los vuelos ilegales.
En la agenda también se abordaron la Operación Colibrí, los resultados de la Operación Paramuno y la Operación Zafiro, la gestión operativa del tránsito aéreo irregular, el rol de Gendarmería Nacional y la aplicación de protocolos de actuación. Además, se mencionó el Operativo Avioneta en Santa Fe.
El Plan Güemes aparece como herramienta operativa, pero el pedido de radarización apunta a una dimensión más estructural. La provincia busca que Nación avance en el control del espacio aéreo, especialmente en una zona atravesada por corredores fronterizos, pasos internacionales y rutas utilizadas por organizaciones criminales.En ese sentido, el anuncio de Monteoliva sobre convenios específicos con Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero abre una instancia política relevante. Pero el desafío será pasar de la firma de instrumentos administrativos a resultados verificables: radares funcionando, controles integrados, protocolos claros, intercambio de información y presencia sostenida del Estado.