“Ni Una Menos” volvió a llenar las calles del país a 11 años del primer grito
A 11 años de la primera marcha de Ni Una Menos, miles de mujeres, diversidades, organizaciones feministas, sindicales, estudiantiles, sociales y políticas volvieron a ocupar las calles del país para exigir justicia por las víctimas de femicidios y reclamar políticas públicas concretas frente a la violencia machista.
La jornada de este miércoles tuvo un nombre que atravesó todas las consignas: Agostina Vega. La adolescente de 14 años, asesinada en Córdoba, se convirtió en el símbolo más urgente de una movilización que volvió a poner en el centro las deudas del Estado en materia de prevención, búsqueda, protección y acompañamiento. Su femicidio provocó conmoción nacional y le dio al nuevo 3J una carga particular de dolor, rabia y demanda colectiva.
En Córdoba, el reclamo tuvo una fuerza especial. Las calles fueron escenario de una marcha marcada por el pedido de justicia por Agostina y por el acompañamiento a su familia, mientras la causa continúa bajo investigación. El crimen de la adolescente expuso, una vez más, las preguntas que el movimiento feminista sostiene desde hace años: qué ocurre cuando las alertas no son escuchadas, cuando las familias denuncian demoras, cuando las búsquedas se activan tarde y cuando las respuestas institucionales llegan después de la violencia extrema.
El caso de Agostina no quedó encerrado en el territorio cordobés. Su nombre se escuchó también frente al Congreso de la Nación y en distintas ciudades del país, donde el reclamo por justicia se unió al pedido por Dulce María Beatriz Candia, la joven de 17 años asesinada en Misiones, y por todas las víctimas de violencia de género.
Bajo la consigna “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”, la convocatoria volvió a reunir al movimiento feminista en una jornada federal. La frase elegida para este nuevo aniversario del primer Ni Una Menos amplió el reclamo histórico contra los femicidios y puso en diálogo la violencia machista con las condiciones económicas y sociales que atraviesan la vida cotidiana de mujeres y diversidades.
Las organizaciones convocantes señalaron que la violencia de género no puede separarse del ajuste, el endeudamiento, la precarización laboral, la pobreza, la falta de acceso a la vivienda, los recortes en asistencia y el debilitamiento de los dispositivos estatales de prevención. En esa lectura política, el reclamo no se limitó a exigir justicia penal después de cada femicidio, sino que apuntó también a las condiciones que permiten que la violencia se reproduzca.
El grito en la Plaza del Congreso
En la Plaza del Congreso, las organizaciones desplegaron fotografías de víctimas de violencia de género sobre las veredas que rodean al Palacio Legislativo. La intervención convirtió el espacio público en un ejercicio de memoria colectiva. Cada imagen volvió a poner nombre, rostro e historia allí donde muchas veces las estadísticas reducen vidas a números. Y cada cartel recordó que detrás de cada femicidio hay familias, comunidades y tramas sociales atravesadas por una ausencia irreparable.
Según datos difundidos por organizaciones sociales, en lo que va de 2026 fueron asesinadas 100 mujeres, lo que equivale a un femicidio cada 31 horas. A su vez, el último informe de la Corte Suprema de Justicia registró 200 femicidios durante 2025, frente a los 228 contabilizados en 2024. Desde el movimiento feminista, además, advirtieron sobre la existencia de subregistros y cuestionaron los intentos de reemplazar la categoría de femicidio por expresiones que, según señalaron, despolitizan la violencia patriarcal. Referentes de las organizaciones leyeron un documento conjunto en el que expresaron “tristeza y rabia” por los femicidios recientes y reclamaron mayores recursos para prevenir la violencia de género, asistir a las víctimas y acompañar a sus familias. “Frente al gobierno de Javier Milei, que es negacionista de la violencia patriarcal, decimos que nuestras vidas no son desechables”, señalaron desde el escenario. También afirmaron que “las vidas de las pibas valen” y reclamaron el fortalecimiento de las políticas públicas destinadas a prevenir la violencia machista.
El documento cuestionó los recortes en áreas vinculadas a las políticas de género y denunció un retroceso en los mecanismos de protección. Las organizaciones apuntaron contra el desmantelamiento de programas de asistencia y contra los discursos oficiales que niegan o relativizan la violencia patriarcal. En ese marco, llamaron a “unir las luchas” frente a un escenario atravesado por la violencia, la crueldad social y el ajuste económico
En distintas provincias también se replicaron movilizaciones. Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Paraná, Neuquén, Bariloche, Cutral Co, Plaza Huincul, Trelew y Comodoro Rivadavia fueron algunos de los puntos donde se realizaron concentraciones, marchas e intervenciones.
El carácter federal de la jornada volvió a mostrar que Ni Una Menos no es solo una fecha del calendario, sino una red política y social que se activa frente a cada crimen, cada retroceso y cada intento de silenciamiento.