Denuncian a la concejal Camila Jorge por presunta incompatibilidad en el ejercicio de la abogacía
La concejal de Rosario de Lerma, Camila Jorge, recibió una denuncia ante el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados por una presunta incompatibilidad entre su función pública y el ejercicio profesional de la abogacía.
El abogado Rodrigo Anachuri realizó la presentación, y sostuvo que la edil mantiene activa su matrícula profesional y continuaría interviniendo en expedientes judiciales pese a las restricciones que, según interpreta, impone el cargo que desempeña.
De acuerdo con la denuncia, la situación no se limitaría a una cuestión administrativa. Anachuri afirmó que Jorge conservaría su matrícula habilitada y que existirían causas en trámite donde seguiría actuando como profesional del derecho. Entre ellas mencionó un expediente radicado en el Juzgado de Familia N° 5, aunque advirtió que podrían existir otros procesos en similares condiciones.
La presentación solicita que el Tribunal de Ética analice la situación y determine si hubo una infracción al régimen de incompatibilidades. En caso de comprobarse alguna falta, las sanciones previstas podrían incluir multas o incluso la suspensión de la matrícula profesional por un período de hasta tres años.
El denunciante aclaró que su planteo no responde a una cuestión personal contra la concejal. Según explicó, las normas de incompatibilidad buscan garantizar condiciones de igualdad entre los profesionales y evitar situaciones que puedan generar ventajas derivadas del ejercicio de una función pública.
Anachuri sostuvo que una persona que ocupa un cargo institucional podría proyectar una influencia adicional frente a potenciales clientes, lo que, a su criterio, afectaría las reglas de competencia entre abogados. Por ello consideró que la situación debe ser analizada desde una perspectiva ética e institucional.
La respuesta de la concejal
Tras conocerse la denuncia, Camila Jorge rechazó las acusaciones y aseguró que actúa dentro del marco legal. A través de un comunicado público, la edil afirmó que “no ha cometido ninguna ilegalidad” y negó la existencia de incompatibilidades entre su actividad profesional y su función en el Concejo Deliberante.
“Quiero decirlo de manera clara y sin rodeos: no he cometido ninguna ilegalidad, no existe incompatibilidad alguna en mi accionar y rechazo categóricamente las acusaciones falsas que intentan instalarse públicamente para perjudicarme personal, profesional y políticamente”, expresó.
La concejal consideró que las acusaciones forman parte de una estrategia de desgaste contra quienes mantienen posiciones críticas o ejercen funciones de control dentro de la política.
“Quienes ejercemos un rol de control, expresamos diferencias o no acompañamos determinadas decisiones del poder de turno, muchas veces somos objeto de operaciones, ataques y campañas de desgaste que buscan disciplinar, silenciar o desacreditar“, sostuvo.
Asimismo, remarcó que las publicaciones y denuncias también afectan a las personas que recurren a su estudio jurídico y cuestionó la difusión de acusaciones que, según indicó, carecen de sustento.
Jorge aseguró que continuará desempeñando sus funciones públicas y profesionales con normalidad y adelantó que evaluará iniciar acciones contra quienes resulten responsables de difundir acusaciones que considere falsas o maliciosas.
Por el momento, el caso quedó en manos del Tribunal de Ética, que deberá analizar la presentación y determinar si corresponde abrir un procedimiento disciplinario formal.
Mientras tanto, la controversia suma un nuevo capítulo al debate político local y podría tener repercusiones más allá del ámbito profesional, aunque por ahora la discusión se concentra en el análisis de la presunta incompatibilidad planteada por el denunciante.