Salta

“La denuncia no tiene asidero jurídico”, afirmó el abogado de Camila Jorge

El abogado Pablo del Pino representa legalmente a Camila Jorge, concejal de Rosario de Lerma. En declaraciones a la emisora 90.3, rechazó las acusaciones por una presunta incompatibilidad entre el cargo público y el ejercicio de la abogacía.

Según sostuvo, la situación forma parte de un contexto de persecución política contra la concejal. Además, cuestionó que las acusaciones hayan sido difundidas públicamente antes de que la denunciada fuera formalmente notificada.

La denuncia fue presentada ante el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados. Quien la impulsó fue el abogado Rodrigo Anachuri. Según su interpretación, Jorge mantendría activa su matrícula profesional e intervendría en expedientes judiciales pese a las restricciones que impone el cargo de concejal.

Sin embargo, Del Pino afirmó que la defensa todavía no tuvo acceso al contenido formal de la presentación. “Todavía no se nos ha notificado ni corrido traslado de la denuncia. Sin embargo, de acuerdo a los fundamentos que fueron expuestos públicamente, entendemos que no tiene asidero jurídico”, señaló.


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“No existe ningún incumplimiento de funciones”

El abogado aclaró que no considera que se trate de una denuncia falsa. Esa calificación, explicó, corresponde únicamente a una resolución judicial. No obstante, insistió en que los argumentos conocidos hasta ahora no configuran ninguna irregularidad.

Asimismo, Del Pino cuestionó las referencias sobre un supuesto tráfico de influencias derivado de la actividad profesional de la concejal. Según sostuvo, se trata de acusaciones graves que podrían derivar en futuras acciones legales.

Respecto de la actuación profesional cuestionada, el abogado explicó que el único caso mencionado públicamente corresponde a la homologación de un convenio en materia de familia. Según indicó, esa intervención no implica litigio ni discusión de derechos.

“Se trata prácticamente de un trámite administrativo donde las partes ya llegaron a un acuerdo y el juez simplemente debe homologarlo”, sostuvo. Por lo tanto, consideró desproporcionado que se le impute esa actuación como una conducta contraria a la ley.

El letrado remarcó, además, que numerosos concejales, diputados y funcionarios provinciales continúan desarrollando actividades privadas compatibles con sus funciones públicas. “Camila Jorge es concejal, pero también es madre, hija, integrante de una familia y profesional. Vive de su trabajo como cualquier persona”, expresó.

Posibles acciones judiciales y violencia de género institucional

Del Pino dejó abierta la posibilidad de impulsar nuevas acciones judiciales una vez que accedan formalmente a la denuncia. Entre las alternativas, mencionó reclamos por daños y perjuicios, además de calumnias e injurias.

También planteó la posibilidad de denunciar hechos vinculados a una eventual violencia institucional por razones de género.

Mientras tanto, la defensa aguarda la notificación oficial para conocer los detalles de la presentación. Una vez recibida, elaborará el correspondiente descargo ante el Tribunal de Ética.

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