Condenaron a 24 años de prisión a un exministro de Pedro Sánchez por coimas
El Tribunal Supremo de España condenó por unanimidad al exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años y 3 meses de prisión por su participación en una trama de corrupción vinculada a la compra de mascarillas durante la pandemia de 2020 y a contrataciones irregulares en empresas públicas.
La sentencia también impuso una pena de 19 años de cárcel para su exasesor Koldo García, mientras que el empresario y comisionista Víctor de Aldama recibió 4 años y medio de condena, aunque no ingresará en prisión de forma efectiva debido a su colaboración con la Justicia.
Según el fallo judicial, los tres acusados habrían conformado una organización criminal con reparto de funciones, orientada a obtener beneficios económicos mediante la intermediación en contratos públicos.
El tribunal consideró probado que se adjudicaron contratos por la compra de mascarillas por unos 13 millones de euros a empresas vinculadas a Aldama, en el marco de operaciones gestionadas desde organismos dependientes del Ministerio de Transportes.
Asimismo, la sentencia señala la existencia de pagos y contraprestaciones económicas, incluyendo la entrega de fondos mensuales a Ábalos para gastos personales y la intervención en la contratación de personas vinculadas al exministro en empresas públicas.
El rol de cada acusado según el fallo
De acuerdo con la resolución, Ábalos habría utilizado su posición institucional para facilitar adjudicaciones a empresas vinculadas a Aldama, mientras que Koldo García habría actuado como intermediario en la articulación de los contactos y gestiones.
En tanto, Aldama habría operado como captador de oportunidades de negocio con la Administración Pública, facilitando el acceso de las empresas a los contratos investigados.
Durante el juicio, tanto Ábalos como Koldo García negaron los hechos y solicitaron su absolución. En cambio, Aldama reconoció su participación en delitos de cohecho y organización criminal, lo que fue considerado por el tribunal como atenuante relevante.
Por ese motivo, el Supremo suspendió la ejecución de su pena de prisión efectiva, condicionada a la no reincidencia, la realización de trabajos comunitarios y la presentación de informes periódicos.
Impacto institucional y mensaje del Tribunal
En su resolución, el Tribunal Supremo advirtió sobre el impacto de la corrupción en la confianza ciudadana y en el funcionamiento del sistema democrático.
El fallo remarcó que este tipo de prácticas “erosiona los fundamentos del Estado democrático” y afecta directamente la legitimidad de las instituciones públicas.
La Fiscalía Anticorrupción había solicitado penas similares a las finalmente impuestas, mientras que las acusaciones populares reclamaban condenas aún mayores.
La sentencia cierra una de las causas más relevantes vinculadas a la gestión de contratos durante la pandemia, con impacto político y judicial en España.
Fuente: Infobae