La Fiscalía pidió penas de hasta cinco años de prisión para exjefes de la Armada por el caso ARA San Juan
Los fiscales acusaron a cuatro ex altos mandos de la Armada de permitir que el submarino navegara con deficiencias de mantenimiento y señalaron que se priorizaron objetivos operativos sobre la seguridad de los tripulantes.
La Fiscalía solicitó penas de hasta cinco años de prisión para cuatro ex altos mandos de la Armada en el juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017 y que provocó la muerte de sus 44 tripulantes.
Durante los alegatos finales, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que los acusados permitieron que la nave zarpara en un “estado de alistamiento precario” y con “deficientes condiciones de mantenimiento”.
Los fiscales acusaron a los imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado por la muerte de los tripulantes.
El pedido más elevado fue para el contralmirante Luis Enrique López Mazzeo y el capitán de navío Claudio Villamide, para quienes solicitaron cinco años de prisión e inhabilitación especial perpetua.
Para Héctor Alonso pidieron cuatro años de prisión, mientras que para Hugo Correa reclamaron tres años y seis meses.
La hipótesis de la acusación
La Fiscalía sostuvo que la cadena de mando de la Armada privilegió las necesidades operativas por encima de las condiciones de seguridad del submarino.
Durante la exposición, los fiscales repasaron antecedentes técnicos, informes de mantenimiento, inspecciones y advertencias realizadas antes de la última misión del ARA San Juan.
Uno de los puntos centrales fue el estado del material naval y las tareas pendientes de mantenimiento, entre ellas el ingreso a dique seco para trabajos de reparación.
La acusación también cuestionó el nivel de exigencia operacional al que fue sometida la nave durante 2017, antes de su desaparición.
El submarino había partido desde la Base Naval Mar del Plata el 25 de octubre de 2017 y desapareció el 15 de noviembre mientras realizaba una misión de patrulla y control en el Atlántico Sur.
Las defensas, en cambio, sostienen que las observaciones técnicas no impedían la navegación y que el comandante tenía facultades para decidir si la nave estaba en condiciones de cumplir la misión.
Ahora será el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz el encargado de evaluar las pruebas y determinar las responsabilidades en una causa que busca establecer qué ocurrió antes del hundimiento del submarino.