Restituyen parte de los terrenos en Las Pailas, pero sigue el conflicto judicial
La Justicia de Salta ordenó la restitución de las viviendas a familias de la comunidad diaguita calchaquí de Las Pailas, desalojadas hace dos semanas en el paraje San Gabriel, departamento Cachi. La medida alcanza a comuneros que permanecían fuera de sus hogares en medio de las bajas temperaturas, en un contexto especialmente crítico para unas 60 personas, entre ellas 18 menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad.
La decisión fue adoptada mediante un oficio urgente firmado el 25 de junio por la jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 5ª Nominación, María Fernanda Diez Barrantes, la misma magistrada que había intervenido en el operativo de desalojo cuestionado por la comunidad y por organismos vinculados a la defensa de derechos indígenas.
Según el documento judicial, se dispuso que el juez de Paz de Seclantás intervenga para concretar la restitución de las fracciones del catastro Nº 1025 a los comuneros Leoncio Fabián, René Fabián, Obalio Cruz y Dante Guzmán, quienes habían sido desalojados el 12 de junio. El oficio también ordena que se arbitren los medios necesarios para cumplir la medida y solicita colaboración policial para garantizar el procedimiento. La restitución fue fijada con carácter urgente y debía realizarse en la localidad de Cachi, para que las familias pudieran regresar a sus casas luego de dos semanas de permanecer despojadas de sus techos, pertenencias y condiciones básicas de resguardo.
La comunidad anticipó que seguirá la pelea judicial
En diálogo con Nuevo Diario, la abogada de la comunidad, Verónica Huber, confirmó que la restitución representa un avance, aunque aclaró que no resuelve el fondo del conflicto territorial que atraviesa a Las Pailas desde hace más de dos décadas. “En el expediente, nosotros tenemos que seguir, porque como la jueza no nos quiere tratar la prescripción, vamos a seguir con la sentencia, porque hay un reconocimiento de posesión posterior a la misma”, explicó Huber sobre los próximos pasos judiciales. La letrada sostuvo que la comunidad también evalúa iniciar acciones para que se reconozca definitivamente el título sobre las tierras. “Eventualmente iniciaremos las acciones para que les reconozcan el título, porque si no esto es una vez, otra vez, y ya vemos que esto no va a parar. No tenemos ninguna tranquilidad de que no vuelva a suceder en un par de meses”, advirtió. Huber detalló que el juez de Paz de Seclantás citó a las familias en el salón municipal para iniciar el proceso de restitución. “Supongo que deben estar volviendo a sus casas. Una vez que vuelvan, ahí ya nos sentaremos tranquilos a resolver cómo seguimos”, señaló.
Pedido de jury contra Diez Barrantes
La abogada de la comunidad confirmó además que avanzarán con un pedido de jury contra la jueza María Fernanda Diez Barrantes por su actuación en el desalojo. Según precisó, la presentación ya se encuentra prácticamente lista y podría concretarse entre este viernes y el lunes a primera hora, dependiendo del funcionamiento del sistema judicial. “Lo tenemos listo”, indicó Huber. La decisión de impulsar el jury se suma al reclamo por los daños ocasionados durante el operativo de desalojo, en el que las familias denunciaron haber sido expulsadas de sus viviendas y despojadas de sus pertenencias en pleno invierno. “La única consigna nuestra anoche fue: no paramos, no nos quedamos acá. Esto tiene que seguir. Tenemos que seguir con las gestiones para que esto no vuelva a pasar más”, remarcó la abogada.
El caso de Las Pailas volvió a poner en el centro de la escena la situación de las comunidades indígenas en Salta y la falta de respuestas definitivas sobre la posesión ancestral de sus territorios. Tras el operativo del 12 de junio, la comunidad sostuvo reclamos públicos, movilizaciones y denuncias por la vulneración de derechos reconocidos por la normativa vigente. La medida de restitución llega luego de días de fuerte presión social, manifestaciones y cuestionamientos a la actuación judicial. También se produjo un escrache frente a la vivienda de María Florencia Wayar, una de las demandantes en el proceso que derivó en el desalojo de familias indígenas. En paralelo, desde el Senado de Salta se anunció el impulso de una ley de emergencia en materia de posesión y propiedad comunitaria indígena, una iniciativa que busca atender conflictos similares y evitar que las comunidades queden expuestas a desalojos mientras se discuten sus derechos territoriales, y este caso podría ser la puerta de entrada para más conflictividad en todo el país. Para la comunidad diaguita calchaquí de Las Pailas, el regreso a las viviendas representa un alivio inmediato, pero no el cierre del conflicto. El reclamo de fondo sigue siendo el reconocimiento definitivo de la posesión territorial que sostienen desde hace más de 20 años.