Elevan a juicio la causa por el presunto desvío de equipos neonatales del Materno Infantil
La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) presentó la acusación formal contra dos médicos por la presunta sustracción de equipamiento del Hospital Público Materno Infantil para utilizarlo en una empresa privada de neonatología.
Al mismo tiempo, solicitó el sobreseimiento de las otras dos personas que habían sido imputadas en la investigación al considerar que no tuvieron participación en los hechos.
La acusación fue presentada por la fiscal penal interina de la UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, ante la Oficina Judicial. La funcionaria imputó a los médicos Livio Jesús Ubal y Noemí Verónica Murúa como coautores del delito de peculado, figura prevista en el artículo 261 del Código Penal y que sanciona la apropiación o utilización indebida de bienes públicos por parte de funcionarios.
De acuerdo con la hipótesis sostenida por la Fiscalía, ambos profesionales habrían aprovechado su condición de médicos del Servicio de Neonatología del Hospital Público Materno Infantil y el acceso que tenían al equipamiento del establecimiento para retirar bienes pertenecientes al Estado e incorporarlos al funcionamiento de una empresa privada de neonatología de la que eran socios, obteniendo de esa manera un beneficio económico.
La investigación se inició tras una denuncia presentada por la Dirección General del Hospital Materno Infantil. La actuación judicial tuvo origen luego de una inspección realizada por el Ministerio de Salud Pública, durante la cual surgieron indicios de que equipamiento perteneciente al hospital público podría estar siendo utilizado en un servicio privado de neonatología.
A partir de esa presentación, la Unidad de Delitos Económicos Complejos desplegó una serie de medidas para reconstruir lo ocurrido. Entre ellas, se relevaron registros patrimoniales y administrativos del hospital, se recibieron declaraciones testimoniales, se realizaron inspecciones y allanamientos, y se incorporaron informes técnicos y periciales.
Uno de los elementos considerados centrales para la acusación fue el trabajo realizado por personal de la Unidad de Investigación UDEC-CIF, que constató la existencia de seis equipos médicos en el servicio de terapia neonatal Neofénix, ubicado en el segundo piso de una clínica privada de calle Alvarado al 800.
Por orden judicial los aparatos fueron secuestrados
Según la investigación, los números de serie de esos equipos coincidían con los registrados por el Hospital Público Materno Infantil.
Posteriormente, los equipos fueron secuestrados por orden judicial y restituidos al hospital, donde continuaron a disposición de la institución.
En su requerimiento, la fiscal Salinas Odorisio sostuvo que la conducta atribuida a los acusados no solo habría provocado un perjuicio al patrimonio de la administración pública, sino que también afectó el correcto funcionamiento del sistema sanitario estatal, al tratarse de equipamiento destinado a la atención de pacientes del Hospital Materno Infantil.
Asimismo, remarcó que los hechos investigados implicarían una vulneración de los deberes de fidelidad, probidad y transparencia que deben observar los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.
Con la acusación formal presentada, el expediente ingresó en una nueva etapa procesal y será la Justicia la que deberá resolver si hace lugar al requerimiento fiscal y dispone la apertura del juicio contra los dos profesionales acusados por el presunto delito de peculado.