Por no pagar una caución de $794 millones para evitar su arresto, quedó detenido
El juez fijó una caución real de 794 millones de pesos para evitar su arresto, pero al no cumplir con esa condición se hizo efectiva la orden de detención.
La investigación apunta a un presunto esquema de captación de fondos mediante falsas promesas de rentabilidad.
Uno de los principales investigados en una causa por presuntas estafas reiteradas vinculadas a inversiones y alquiler de vehículos quedó detenido este jueves, luego de no cumplir con la caución real de 794 millones de pesos que la Justicia había fijado como condición para suspender la ejecución de una orden de detención que pesaba en su contra.
La medida se adoptó en el marco de la investigación que lleva adelante la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, quien dirige una pesquisa por un presunto entramado de maniobras defraudatorias que habría afectado a numerosos inversores.
La audiencia se realizó ante el Juzgado de Garantías luego de que la defensa del sospechoso solicitara la aplicación de medidas sustitutivas para evitar el arresto.
En ese contexto, el juez Nicolás Rodríguez Pipino resolvió imponer una caución real por 794 millones de pesos.
Sin embargo, al no acreditarse el cumplimiento de esa exigencia, el auxiliar fiscal de UDEC, Pablo Nieva, requirió que se hiciera efectiva la detención, pedido que fue avalado por el juez de Garantías Antonio Pastrana.
Una investigación por presuntas maniobras millonarias
La causa se inició tras una serie de denuncias presentadas por personas que aseguraron haber entregado importantes sumas de dinero e incluso bienes bajo la promesa de obtener rendimientos económicos mediante un sistema de inversión basado en la adquisición y alquiler de vehículos.
De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, los investigadores buscan establecer si existió un esquema organizado para captar fondos de particulares mediante promesas de alta rentabilidad y determinar cuál fue el destino del dinero aportado por los damnificados.
En ese marco, el pasado 15 de julio, personal de UDEC concretó seis allanamientos simultáneos, durante los cuales fueron secuestrados 12 vehículos, teléfonos celulares, computadoras y abundante documentación considerada de interés para reconstruir el circuito financiero investigado y determinar las responsabilidades penales de los involucrados.
Las fuentes judiciales señalaron que el análisis de la documentación secuestrada y de los dispositivos electrónicos será clave para establecer la magnitud de las maniobras denunciadas, identificar la cantidad de posibles víctimas y seguir la trazabilidad de los fondos.
Audiencia clave
Para hoy fue programada la audiencia de formalización de la investigación penal, instancia en la que la Fiscalía expondrá los elementos reunidos hasta el momento y formulará la imputación correspondiente.
En tanto, la investigación continúa y permanecen vigentes las órdenes de detención contra los otros dos sospechosos señalados como presuntos integrantes del esquema, mientras la UDEC avanza con nuevas medidas probatorias para esclarecer el caso y determinar el perjuicio económico ocasionado a los denunciantes.