Diez policías imputados por irregularidades en el femicidio de Natalia Cruz
La Unidad Fiscal Especializada en Femicidios acusó a efectivos de la Comisaría 7 de Campo Quijano por el presunto incumplimiento de una custodia judicial y la confección de un informe policial falso.
La investigación sostiene que la víctima contaba con una medida de protección que nunca se ejecutó.
La investigación por el femicidio de Natalia Marilín Cruz, ocurrido en febrero de este año en Campo Quijano, sumó un nuevo capítulo judicial.
La Unidad Fiscal Especializada en Femicidios (UFEM) citó a audiencia de imputación a diez efectivos de la Policía de Salta por presuntas irregularidades vinculadas al incumplimiento de medidas de protección judicial y a la elaboración de un informe con información presuntamente falsa.
La fiscal penal de la UFEM, María Luján Sodero Calvet, informó que durante la investigación del crimen surgieron indicios sobre posibles irregularidades en el accionar del personal de la Comisaría N.º 7, por lo que la Procuración General dispuso la conformación de una Unidad Fiscal integrada por la UFEM y la Fiscalía de Derechos Humanos para profundizar las actuaciones.
De acuerdo con la investigación, Natalia Cruz contaba con una orden del Juzgado de Violencia Familiar y de Género de 2.ª Nominación que disponía una consigna policial fija como medida de protección frente a reiterados hechos de violencia ejercidos por su expareja.
Sin embargo, la custodia nunca habría sido implementada, pese a que los efectivos tenían conocimiento de la resolución judicial.
Las fiscales sostienen además que, tras el incumplimiento de esa medida, se habría confeccionado e incorporado un informe policial con contenido presuntamente falso para hacer constar un supuesto intento de cumplir con la orden judicial.
La causa también investiga presuntas irregularidades en el funcionamiento de la dependencia policial durante enero y febrero de 2026.
Según la Fiscalía, se detectaron deficiencias en la organización, supervisión y control de las consignas policiales ordenadas por la Justicia en casos de violencia familiar y de género.
Entre los imputados se encuentran el jefe de la Comisaría N.º 7 y quien se desempeñaba como jefe de Guardia, acusados como presuntos autores de los delitos de falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso real.
Al primero se le atribuye haber promovido la confección del informe presuntamente falso y no haber garantizado el cumplimiento de la custodia ordenada para la víctima.
Al segundo, haber dispuesto la elaboración del documento y omitido implementar o supervisar la medida de protección.
También fueron imputados un suboficial y un oficial por el delito de falsedad ideológica.
Según la acusación, el primero habría confeccionado y firmado el informe en el que se dejó asentado que la consigna policial había sido implantada, mientras que el segundo habría transmitido la orden para su elaboración e intervenido en su confección.
En tanto, otras cinco personas —cuatro mujeres policías y un efectivo masculino— fueron imputadas como coautoras del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, al considerar la Fiscalía que omitieron adoptar las medidas necesarias para hacer efectiva la custodia o informar oportunamente a la autoridad judicial sobre la imposibilidad de cumplir la orden.
Las fiscales María Luján Sodero Calvet y Claudia Geria afirmaron que la investigación permitió reunir evidencias sobre presuntas irregularidades sistemáticas en el tratamiento de casos de violencia de género, con incumplimientos de protocolos, fallas en los controles internos y deficiencias en la ejecución de medidas de protección destinadas a resguardar a víctimas en situación de riesgo.
Natalia fue atacada con un arma blanca por su expareja, Daniel Orlando Serapio, tras un episodio de violencia ocurrido en el domicilio donde se encontraba. Familiares la trasladaron de urgencia al hospital de Campo Quijano, pero falleció minutos después de ingresar debido a la gravedad de las heridas.