POSCO anuncia inversiones millonarias mientras enfrenta denuncias de proveedoras salteñas
Mientras POSCO avanza con una nueva etapa de su proyecto de litio Sal de Oro y anuncia inversiones por miles de millones de dólares en Argentina, la compañía enfrenta en Salta un creciente conflicto con empresas proveedoras que denuncian falta de pago, incumplimientos contractuales y graves consecuencias financieras.
La empresa surcoreana incorporará una segunda fase productiva al emprendimiento minero, que contempla la elaboración anual de 23.000 toneladas de carbonato de litio destinadas íntegramente a la exportación.
Según las proyecciones oficiales, esta ampliación permitirá generar ventas externas superiores a los US$300 millones por año.
La iniciativa fue incluida dentro de un plan de inversiones de aproximadamente US$4.000 millones previsto por POSCO para la Argentina y avanzará bajo los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, conocido como RIGI.
Sin embargo, el anuncio de crecimiento se conoce en momentos en que la multinacional mantiene una disputa judicial con una contratista salteña y comienza a recibir cuestionamientos de otras proveedoras vinculadas con la actividad minera.
El abogado Nicolás Maggio, representante de empresas del sector, aseguró por el programa 365 TV, que varias firmas locales se comunicaron con su estudio para denunciar situaciones similares, relacionadas con trabajos ejecutados, servicios adicionales y certificados que no habrían sido pagados en su totalidad.
Según el letrado, algunas compañías se encuentran en una situación cercana a la cesación de pagos, mientras que otras ya habrían quedado fuera de actividad como consecuencia del endeudamiento acumulado para sostener los contratos.
Un embargo y dos versiones enfrentadas
Se trata de un acueducto que, según el abogado de la contratista, fue terminado, entregado y actualmente se encuentra en funcionamiento.
Ante la falta de acuerdo, la Justicia dispuso un embargo preventivo sobre cuentas de POSCO para garantizar un eventual cobro.
La minera informó públicamente que la medida alcanza aproximadamente los US$350.000 y negó que exista un congelamiento por varios millones de dólares.
Maggio, en cambio, sostuvo que el monto reconocido dentro del expediente ronda los US$2 millones y afirmó que los representantes legales de POSCO solicitaron sustituir el embargo por una caución.
El abogado remarcó que la medida cautelar no resuelve la cuestión de fondo y que solamente comprende sumas que habrían sido reconocidas por la propia compañía.
La demanda principal sería considerablemente superior e incluiría diferencias contractuales, gastos financieros, costos operativos, daños y perjuicios y afectación de la reputación comercial.
De acuerdo con sus estimaciones, el monto alcanzado por la cautelar representaría entre el 20% y el 30% del reclamo total.
Una obra en funcionamiento con pagos cuestionados
Maggio sostuvo que, durante la construcción del acueducto, se registraron retrasos en la entrega de materiales que estaban a cargo de la minera.
Esa situación habría obligado a la contratista a mantener durante meses al personal en el campamento y afrontar gastos adicionales de traslado, alojamiento, alimentación y logística.
“La empresa minera POSCO tiene su acueducto, está funcionando y le está sirviendo para generar mucho dinero, pero no paga esa obra”, cuestionó el letrado durante una entrevista televisiva.
Según relató, los costos extraordinarios y las demoras en los pagos provocaron que la empresa salteña tuviera dificultades para cubrir cheques, cumplir con sus propios proveedores y sostener las obligaciones laborales.
El representante legal señaló que el impacto se extiende a toda la cadena de valor, debido a que las contratistas emplean trabajadores locales y adquieren insumos y servicios dentro de la provincia.
Denuncias de “asfixia financiera”
El abogado definió el escenario atravesado por las firmas locales como una situación de “asfixia financiera” y aseguró que los inconvenientes no se limitarían a una sola contratista.
De acuerdo con las consultas recibidas por su estudio, la modalidad cuestionada se repetiría en contratos vinculados con infraestructura, alimentación, mantenimiento y servicios de campamento.
Maggio explicó que, durante el desarrollo de las obras, las mineras solicitarían modificaciones, ampliaciones o prestaciones adicionales que en algunos casos no quedarían formalizadas mediante adendas.
Posteriormente, al momento de certificar y pagar, surgirían objeciones sobre esos trabajos. El letrado calificó ese mecanismo como un posible “abuso de posición dominante”, debido a la diferencia económica y contractual existente entre una multinacional y las pequeñas y medianas empresas proveedoras.
Las contratistas, agregó, suelen continuar con los trabajos porque desmovilizar al personal, interrumpir las tareas y volver a instalarse en los campamentos implicaría un costo aún mayor. Para sostener la actividad, recurren a financiamiento propio o endeudamiento y terminan absorbiendo los desfasajes.
Temor a reclamar y nuevas demandas
Maggio afirmó que algunas empresas evitaron iniciar reclamos por temor a quedar excluidas de futuras contrataciones en el sector minero.
“Los proveedores decían que, si hacían un reclamo a POSCO, nunca más los iban a contratar o los podían poner en una lista negra”, indicó.
Tras difundirse la existencia del embargo preventivo, nuevas proveedoras se acercaron al estudio jurídico para exponer presuntos incumplimientos.
El abogado anticipó que analizan presentar otras demandas contra la compañía surcoreana.
“Muchas empresas locales de la provincia de Salta están en iguales o peores circunstancias. Algunas ya están fallidas”, advirtió.
La expansión de Sal de Oro
En paralelo a los cuestionamientos, POSCO continúa profundizando su presencia en la cadena del litio.
La segunda fase de Sal de Oro permitirá sumar 23.000 toneladas anuales de carbonato de litio a la producción que la empresa ya desarrolla en Salta.
El proyecto contempla una etapa de extracción y concentración de salmuera mediante evaporación en el Salar del Hombre Muerto.
Posteriormente, el material es trasladado para su procesamiento industrial.
La compañía cuenta además con una planta en el Parque Industrial de General Güemes, donde produce hidróxido de litio grado batería, un compuesto de mayor valor agregado utilizado en la fabricación de baterías.
La primera fase fue diseñada para alcanzar una producción anual de 25.000 toneladas de hidróxido de litio.
La planta, inaugurada a fines de 2024, funciona actualmente en torno al 80% de su capacidad teórica, mientras completa su proceso de optimización industrial. Con la incorporación de la segunda etapa, POSCO sumará otras 23.000 toneladas de carbonato de litio.
El plan empresario contempla avanzar posteriormente con una tercera y cuarta fase para alcanzar una capacidad total de 100.000 toneladas anuales.
Millones para invertir y deudas por resolver
POSCO es uno de los mayores conglomerados industriales de Corea del Sur y mantiene una posición destacada en los mercados internacionales del acero, la energía y los materiales para baterías.
La compañía registra una facturación anual cercana a los US$48.600 millones, mientras que sus unidades vinculadas con energía y materiales para baterías representan alrededor de US$14.000 millones.
Además de los incentivos contemplados dentro del RIGI, la empresa cuenta en Argentina con una línea de financiamiento de BID Invest por US$700 millones, estructurada en dos tramos.
La expansión de Sal de Oro es presentada como una oportunidad para incrementar las exportaciones, agregar valor a la producción de litio y consolidar a Salta como un polo industrial minero.
Sin embargo, los reclamos de las proveedoras plantean interrogantes sobre la distribución local de los beneficios del crecimiento.