Las Pymes salteñas absorbieron el golpe de la reducción laboral
Uno de los datos más contundentes del relevamiento aparece al observar el tamaño de los establecimientos afectados. De los 629 empleadores perdidos, 628 tenían hasta 500 trabajadores. Es decir, ese segmento concentró el 99,8% de la caída total. En noviembre de 2023 había 9.004 empleadores dentro de esta categoría.
En junio de 2026 quedaban 8.376, lo que supone una reducción del 7%. Entre los establecimientos con más de 500 trabajadores, en cambio, se registró un empleador menos: pasaron de 37 a 36.
La misma desigualdad se observa en la evolución del empleo. Las empresas de hasta 500 trabajadores perdieron 10.640 puestos, equivalentes al 72,5% de toda la destrucción laboral registrada en la provincia.
En ese universo, el número de trabajadores cayó de 122.142 a 111.502, una disminución del 8,7%. Las empresas con más de 500 empleados redujeron sus planteles en 4.040 puestos, al pasar de 133.763 a 129.723 trabajadores, con una retracción del 3%. El impacto fue, por lo tanto, considerablemente mayor entre los establecimientos de menor tamaño, que suelen tener menos capacidad financiera para soportar la caída del consumo, el aumento de los costos y la prolongación de un escenario recesivo.
Los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo utilizados por CEPA corresponden exclusivamente al empleo registrado. Por eso, el informe no alcanza a reflejar el posible desplazamiento de trabajadores hacia la informalidad, el cuentapropismo precario o situaciones de desempleo que quedan fuera del sistema de seguridad social.
Aun con esa limitación, las cifras describen una contracción profunda del entramado productivo y laboral de Salta. En apenas 31 meses, la provincia perdió casi 15 mil puestos formales y vio desaparecer más de 600 empleadores, con particular impacto sobre las actividades agropecuarias, la construcción, el comercio y los servicios. Detrás de cada cifra hay empresas que redujeron personal o dejaron de tener trabajadores registrados, familias que perdieron ingresos estables y sectores productivos que achicaron su capacidad de generar empleo. El ajuste aplicado por el Gobierno nacional encontró así una traducción concreta en Salta: menos empleadores, menos trabajo formal y una estructura económica provincial cada vez más debilitada.