Entre sahumos y despojos, la tierra llama a levantarse por la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

Agosto comenzó entre sahumos, ofrendas y agradecimientos a la Pachamama, pero la conmemoración de la Madre Tierra llega atravesada por una contradicción dolorosa. Mientras se multiplican las ceremonias y los discursos sobre el respeto a las culturas ancestrales, el Senado se prepara para retomar el próximo 6 de agosto el tratamiento del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La iniciativa, presentada por el Gobierno nacional bajo el expediente PE-13/26, modifica la Ley de Tierras Rurales, el régimen de expropiaciones, la Ley de Manejo del Fuego y los procedimientos de desalojo. Su punto más controvertido elimina los límites nacionales a la adquisición de tierras por parte de extranjeros y reduce herramientas estatales destinadas a controlar la concentración y conocer quiénes poseen el territorio argentino.

En ese contexto, Nuevo Diario dialogó con Libia Tujuayliya Gea Zamora, reconocida médica wichí de Salta que actualmente trabaja en la salud pública rural. También es una referente en la defensa de los derechos indígenas y continuadora del legado de su madre, Octorina Zamora Gea, la histórica lideresa wichí que dedicó su vida a la defensa de los territorios ancestrales, la salud intercultural y los derechos de las mujeres y las infancias originarias.

Entre la espiritualidad y la resistencia

Para Tujuay, este tiempo de recogimiento no puede desligarse de la resistencia. “Entre el enojo, la indignación y el fuego que se enciende dentro de nosotros cuando debemos defender y salir nuevamente al campo de batalla, en una lucha que parece no tener fin, pienso en cómo conectamos con la dimensión espiritual”, expresó. En su cosmovisión, la Pachamama es también Hohnat, la Tierra, la Gran Madre sobre cuyo regazo los pueblos agradecen, descansan y recuperan fuerzas. “Creo que esa espiritualidad debe aflorar desde la fortaleza para enfrentarnos al poder, como siempre lo hemos hecho, defendiendo nuestra identidad territorial y nuestra historia”, sostuvo. La médica advirtió que el mes de la Madre Tierra comenzó mientras el país atraviesa “uno de los debates más dolorosos”: aquel en el que, según señaló, quienes gobiernan cierran acuerdos con sectores que pretenden convertirse en “los nuevos dueños”, colocando los intereses económicos por encima del cuidado del territorio, la soberanía y la vida de quienes lo habitan. “Los salteños y las salteñas ya conocemos esta historia. Sabemos lo que significa la concentración de tierras en manos de terratenientes violentos y de empresas extranjeras que lesionan la tierra hasta dejarla inútil”, afirmó. También alertó sobre la presión ejercida sobre comunidades indígenas y campesinas, empujadas a abandonar sus territorios. Uno de los puntos centrales es el relevamiento territorial ordenado por la Ley 26.160, que declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad comunitaria indígena, suspendió los desalojos y dispuso un relevamiento técnico, jurídico y catastral para determinar qué tierras ocupaban tradicionalmente las comunidades. Sin embargo, el proceso quedó inconcluso.

No obstante, Gea Zamora sostuvo que el derecho indígena permitió frenar, al menos parcialmente, el avance sobre zonas fronterizas y lugares estratégicos. Por eso vinculó el fin de la emergencia territorial, la paralización de los relevamientos y la desjerarquización del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas con el proyecto que ahora busca flexibilizar la adquisición de tierras rurales.

Una extranjerización concentrada en Salta

Aunque las tierras rurales en manos extranjeras representan alrededor del 5% del total nacional, la cifra oculta una concentración muy superior en determinados departamentos. La Ley 26.737 estableció un límite del 15% a nivel nacional, provincial y local, pero más de treinta departamentos del país ya superan ese porcentaje por operaciones realizadas antes de la sanción de la norma.

Salta ocupa un lugar especialmente sensible en ese mapa. San Carlos registra alrededor del 60% de sus tierras rurales en manos extranjeras y Molinos alcanza el 58%. También superan el límite legal Guachipas, con el 34%; General Güemes, con el 29%; La Viña, con el 28%; Cerrillos, con el 25%; Cafayate y Orán, con el 23%; y Chicoana, con el 16%. Se trata de territorios con recursos hídricos, potencial minero, producción agrícola, áreas de frontera y corredores estratégicos.

La promesa a Octorina

La reflexión política de Tujuay se entrelaza con una escena íntima. Contó que, al despertar entre el humo del sahumo en el hospital rural donde trabaja, recordó a su madre y la última Pachita que compartieron juntas en su casa de Embarcación. “Hicimos el pozo en el patio, ofrendamos, le agradecimos a la Mamita y le hicimos una promesa: nunca dejar de defenderla, como un acto de reciprocidad por todo lo que nos da y nos dio: nuestro color y los colores del monte, la belleza, el alimento, la identidad, la comunidad, la inmensidad y las raíces”, relató.

De aquella promesa nace ahora la convocatoria pública: “Este 6 de agosto nos vemos en las calles de Salta, honrando y siendo recíprocos con nuestra Madre Tierra, defendiendo nuestra soberanía, la integridad territorial y la vida humana en dignidad”. “No a la extranjerización de tierras. No a los desalojos exprés. No a la habilitación de la piromanía terrateniente e inmobiliaria”, proclamó. Y cerró con el llamado que condensa memoria, territorio y resistencia: “¡Na’ Nechepa! ¡Levantémonos!”.