Cafayate: Alerta por vetos de la intendenta Guevara a ordenanzas aprobadas por el Concejo
La tensión entre el Ejecutivo municipal de Cafayate y el Concejo Deliberante sumó un nuevo capítulo. El presidente del cuerpo, Mauricio Aguirre, vinculó con razones políticas la decisión de la intendenta Rita Guevara de observar y promulgar parcialmente una serie de ordenanzas aprobadas durante las últimas sesiones.
“Yo creo que los vetos vienen también por temas políticos y no se da cuenta de que el daño se lo está haciendo a la gente de Cafayate”, sostuvo Aguirre, al ser consultado sobre una posible represalia luego de que los concejales rechazaran la última ejecución presupuestaria presentada por la gestión municipal. Las diferencias alcanzaron a tres iniciativas: la creación del concurso Jóvenes Embajadores, la regulación de los reductores de velocidad y la incorporación de un predio de 32 hectáreas al Banco de Tierras Municipal.
Tres ordenanzas cuestionadas
En el caso de Jóvenes Embajadores, la intendenta objetó que la propuesta limitara la participación a estudiantes del Bachillerato Salteño para Adultos y dejara fuera a alumnos de otras instituciones educativas.
También fue observada la ordenanza que regulaba la instalación de reductores de velocidad. El Ejecutivo argumentó que el Concejo no contaba con atribuciones técnicas para determinar la ubicación de estas estructuras sin la realización previa de los estudios correspondientes. El tercer punto de conflicto estuvo relacionado con la administración de un predio de 32 hectáreas. La Intendencia vetó artículos de la ordenanza al considerar que la definición sobre el destino de las tierras debía quedar en manos de la comunidad y no de los concejales.
Tensión por el banco de Tierras
Aguirre explicó que la ordenanza aprobada por el Concejo establecía la incorporación de la parcela catastral 2078 al Banco de Tierras Municipal, de acuerdo con las disposiciones de la Carta Orgánica.
La norma también habilitaba la gestión de convenios con organismos públicos y entidades privadas para desarrollar infraestructura, soluciones habitacionales o espacios deportivos. Según precisó, esos acuerdos debían ser posteriormente sometidos a la aprobación del cuerpo deliberativo.
El concejal negó que el proyecto otorgara al Concejo facultades para decidir unilateralmente sobre el predio. Por el contrario, afirmó que la iniciativa buscaba establecer mecanismos de seguimiento y control sobre las acciones impulsadas por el Ejecutivo.
Sin embargo, el municipio promulgó parcialmente la ordenanza y modificó la redacción del primer artículo, disponiendo que el destino del terreno quedara sujeto a las necesidades públicas establecidas por la propia Intendencia.
Para Aguirre, el Ejecutivo debió observar los artículos cuestionados y abrir una nueva instancia de tratamiento institucional. Además, señaló que los asesores legales municipales fueron convocados en tres oportunidades a las reuniones de comisión, pero no asistieron.
El Concejo rechazó la resolución municipal
Durante la sesión ordinaria número 22, los concejales emitieron un dictamen para rechazar la resolución enviada por la Intendencia.
El cuerpo consideró que los plazos legales para observar o promulgar la normativa habían vencido y, por ese motivo, entendió que el texto original quedó automáticamente vigente. Aguirre también cuestionó los argumentos utilizados por el municipio para justificar su intervención sobre la ordenanza vinculada con las tierras. “La verdad que mentir con tanta liviandad… lo mejor es no bajarme a esas discusiones, sino dejarlo al criterio del pueblo para que interprete la forma de hacer política y de querer trabajar”, manifestó.
Un vínculo institucional cada vez más deteriorado
El presidente del Concejo reclamó que el Ejecutivo modifique la dinámica de trabajo y genere espacios de discusión conjunta antes de tomar decisiones sobre las ordenanzas. Aseguró que las dependencias legislativas permanecen abiertas a los funcionarios municipales que quieran coordinar acciones y elaborar herramientas para atender las necesidades de la ciudad. “El pueblo está harto de esto.
El Ejecutivo municipal está perdiendo credibilidad también por las cosas que hace”, concluyó Aguirre.
La controversia no se limita al contenido de las tres ordenanzas, sino que también alcanza al procedimiento utilizado por el Ejecutivo para intervenirlas. Mientras el municipio defendió las observaciones y la promulgación parcial, el Concejo sostuvo que los plazos legales ya habían vencido y que cualquier diferencia debía discutirse en una nueva instancia de trabajo conjunto, con la participación de los asesores de ambas instituciones.