Carlos Nicolás Escandar, a un paso de ser defensor federal de Cámara
El pliego de Carlos Nicolás Escandar fue aprobado en la Comisión de Acuerdos del Senado y ahora será tratado por el pleno de la Cámara Alta.
Si obtiene el acuerdo, el Poder Ejecutivo deberá emitir el decreto de designación y, posteriormente, el abogado deberá prestar juramento para asumir el cargo.
Carlos Nicolás Escandar avanza en el proceso para convertirse en defensor público oficial federal del interior del país, con asiento en la ciudad de Salta.
La postulación, enviada por el Poder Ejecutivo mediante el Mensaje N.º 195/26, ya superó la instancia de audiencia pública realizada este martes en el Senado y obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos.
Ahora, el pliego pasará al recinto del Senado de la Nación, donde los legisladores deberán votar el acuerdo requerido para su designación.
Una vez cumplida esa instancia, el presidente de la Nación deberá dictar el decreto correspondiente.
Se trata del paso formal previo a la asunción, que se concretará luego del juramento.
Escandar actualmente se desempeña como defensor público de Víctimas de Salta, en primera instancia, y el nuevo cargo al que aspira corresponde a la Cámara, lo que representa un ascenso dentro de la estructura de la Defensa Pública Federal.
El nuevo puesto también podría abrirle, a futuro, la posibilidad de acceder a la función de defensor coordinador de las jurisdicciones de Salta y Jujuy, en caso de que se den las condiciones para ese nombramiento.
De esta manera, Escandar se encuentra a un paso de completar el proceso para acceder al cargo: resta la votación del Senado, el decreto presidencial y, finalmente, la jura para comenzar sus funciones como defensor público oficial federal de Cámara con asiento en Salta.
Las funciones que pasará a cumplir incluyen actuación ante tribunales de segunda instancia o de juicio (como la Cámara Federal de Apelaciones o los Tribunales Orales Federales) teniendo como misión central garantizar el acceso a la justicia y la asistencia técnica jurídica integral a las personas que no pueden abonar un abogado particular, asegurando la defensa de sus derechos humanos en el fuero federal, lo que significa proveer un abogado defensor sin costo económico para el ciudadano, asegurando que ninguna persona quede indefensa por falta de recursos o barreras culturales, sociales o religiosas.