El Senado de Salta avanzó en el análisis del proyecto de ley que busca prohibir los cortes de energía eléctrica y agua potable a usuarios residenciales en situación de vulnerabilidad socioeconómica, ante el crecimiento de la morosidad provocado por el aumento de las tarifas y la pérdida del poder adquisitivo.
La Comisión de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional recibió a las autoridades del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP) como parte de la ronda de consultas que anteriormente había incluido a directivos de EDESA. La reunión fue encabezada por el vicepresidente primero del Senado, Mashur Lapad, y el titular de la comisión, Dani Nolasco. También participaron el autor de la iniciativa, Luciano Elvira, y los senadores Jorge Soto, Enrique Cornejo, Walter Cruz, Daniel Moreno, Juan Cruz Curá, Roque Cornejo, Leonor Minetti, Alejandra Navarro, Diego Cari, Gonzalo Guaymas, Manrique Burgos y Rolando Guaimás.
En representación del ENRESP asistieron su presidente, Carlos Saravia; el vicepresidente, Abdo Omar Esper; el gerente de Usuarios, Consumo y Abordaje Territorial, Pedro de los Ríos; y el gerente Jurídico, Marcelo Careccio.
Protección durante el invierno y planes de pago
El proyecto prohíbe el corte del suministro, el retiro de conexiones domiciliarias y la remoción de medidores de energía eléctrica y agua potable a los hogares que acrediten una situación de vulnerabilidad económica. También dispone la suspensión temporal de las ejecuciones judiciales por deudas vinculadas con estos servicios y fija un período de protección especial entre mayo y septiembre.
Esa cobertura podrá extenderse mediante la adhesión a planes de regularización.
Las empresas prestatarias deberán ofrecer alternativas de financiamiento de, al menos, seis cuotas, con la tasa pasiva del Banco Nación. La propuesta contempla además un esquema prioritario para comedores comunitarios, merenderos y centros de jubilados.
Hasta el 15% de los ingresos
Durante la reunión, Saravia presentó un diagnóstico sobre el escenario tarifario provincial, que comprende a 345 mil usuarios residenciales y 38 mil no residenciales. Según estudios técnicos de la Universidad de Buenos Aires citados por el funcionario, los servicios esenciales pasaron de representar entre el 6% y el 10% de los ingresos familiares a absorber alrededor del 15%. Esta mayor incidencia se tradujo en un incremento de la morosidad. El titular del organismo también señaló que existen más de 30 mil familias con conexiones irregulares, cuyo costo termina siendo distribuido entre el conjunto de los usuarios. Aunque coincidió con la necesidad de reducir el impacto social de las tarifas, Saravia planteó que será necesario establecer criterios técnicos precisos para determinar quiénes quedarán alcanzados por la protección, con el objetivo de preservar la estabilidad operativa y contractual del sistema.
Subsidios y diferencias con los aumentos nacionales
Entre las herramientas de contención vigentes, el ENRESP mencionó la tarifa de Zonas Cálidas, que actualmente alcanza a 106 mil familias de tres departamentos del norte salteño. El beneficio podría ampliarse a ocho departamentos y llegar a unos 150 mil hogares. A este esquema se suman 28 mil subsidios destinados a sectores carenciados y el bono eléctrico para jubilados. Saravia recordó además que en Salta existe una ley que impide que los incrementos tarifarios superen la inflación. Sin embargo, explicó que mientras el componente provincial de distribución eléctrica aumentó un 17,1% durante 2026, el costo mayorista de la energía fijado por Nación, correspondiente a la compra a CAMMESA, subió un 36,7%. En el caso del agua, la revisión tarifaria autorizada para Aguas del Norte fue del 47,7%, por debajo del 70,5% solicitado inicialmente por la empresa. El funcionario agregó que la cobertura de los subsidios nacionales cayó del 95% al 65%, en el marco del avance hacia un sistema de tarifa plana.
Reclamos en el interior
Los senadores plantearon diferentes problemáticas registradas en sus departamentos. Juan Cruz Curá consultó sobre las medidas previstas para evitar interrupciones durante el verano en el norte provincial. Saravia anticipó que el abastecimiento podría mejorar con el ingreso de energía desde Bolivia.
Roque Cornejo pidió promover el uso racional de la energía y reclamó criterios comunes para las nuevas urbanizaciones. Desde el ENRESP indicaron que se trabaja en una iniciativa para crear un área metropolitana que permita ordenar la infraestructura de agua y cloacas. Rolando Guaimás advirtió sobre el peso de la tarifa de agua en parcelas rurales de gran superficie.
El organismo recomendó instalar medidores para que las facturas se calculen según el consumo real. Los legisladores Manrique Burgos, Alejandra Navarro y Gonzalo Guaymas solicitaron precisiones sobre el mantenimiento y recambio de los paneles solares administrados por ESED S.A. mediante el programa PERMER. El sistema abastece a unos 12 mil usuarios de parajes aislados, pero registra una elevada morosidad y dificultades para reemplazar equipos que perdieron capacidad de funcionamiento.