Un diputado, ex gerentes hospitalarios y funcionarios municipales imputados en la causa de las pensiones truchas
La Justicia Federal imputó al diputado provincial por Anta, Gerardo Francisco Orellana, y a otros exfuncionarios y trabajadores vinculados con hospitales del interior de la provincia. La investigación apunta a una presunta organización que habría falsificado documentación médica para gestionar pensiones no contributivas.
Tras la audiencia realizada ante el Juzgado Federal de Primera Instancia N.° 2 de Salta, a cargo del juez Diego Anzorreguy, la Justicia Federal imputó al diputado provincial por Anta, Gerardo Francisco Orellana, en el marco de la causa que investiga una presunta maniobra para obtener pensiones no contributivas mediante documentación falsa.
Mas precisamente, el fiscal los acusa por tramitación fraudulenta de pensiones no contributivas por discapacidad en el departamento Anta. La conjetura de la Fiscalía, es que el entramado de la estructura por la obtención de las pensiones estatales habría funcionado de manera coordinada entre médicos, empleados y funcionarios públicos, personal administrativo, operadores políticos y personas encargadas de captar beneficiarios.
La investigación también alcanzó a Oscar Ricardo Luna, quien ocupó cargos jerárquicos en distintos hospitales de la provincia. Entre ellos, el Hospital Dr. Oscar H. Costas de Joaquín V. González, el Hospital Presidente Juan Domingo Perón de Tartagal y el Hospital Enrique Romero de El Quebrachal.
Además, quedaron formalmente investigados César Ramiro Blanco, exconcejal de El Quebrachal y exgerente general del Hospital Enrique Romero, y Roberto Morales, quien se desempeñó como gerente de Atención de las Personas en ese mismo establecimiento. La causa se encuentra a cargo del fiscal general Carlos Amad.
Una investigación sobre una presunta red para obtener pensiones no contributivas
Según la hipótesis de la Fiscalía, los imputados habrían integrado una estructura que falsificaba certificados médicos, historias clínicas, estudios de laboratorio, radiografías y demás registros. La presunta maniobra tenía como objetivo gestionar pensiones no contributivas para personas que, de acuerdo con la acusación, no reunían los requisitos exigidos.
El fiscal Amad sostiene que la estructura habría reunido a médicos, empleados administrativos, funcionarios públicos y gestores políticos. Cada uno habría cumplido un rol dentro de un mecanismo destinado a captar beneficiarios y tramitar las prestaciones ante el Estado Nacional.
La investigación señala que la gran mayoría de estos beneficiarios ni si quiera presentaban enfermedades incapacitares. Según la hipótesis del fiscal, por la gestión de los trámites se habrían cobrado sumas que iban desde $20.000 hasta $1.000.000, de acuerdo con las características y la intervención requerida en cada caso.
De comprobarse la hipótesis de la Fiscalía, la maniobra habría provocado un perjuicio estimado en $3.280 millones mensuales para el Estado Nacional desde que se habría iniciado el mecanismo de perjurio al estado. La investigación continúa y la situación procesal de los imputados deberá definirse a medida que avance la causa.
La red de complicidades tras la falsificación de beneficios sociales
La causa busca demostrar una trama clientelar dedicada a fabricar trámites irregulares para obtener subsidios estatales. En la captación, la empleada municipal María Romano reclutaba personas vulnerables y cobraba cuotas ilegales. A la par, el diputado provincial Gerardo Francisco Orellana habría instrumentalizado estas prestaciones con fines electorales, firmando solicitudes de postulantes que no cumplían los criterios legales.
El sostén médico dependía de profesionales que adulteraban diagnósticos para simular invalideces. Roberto Bernardino Morales y César Ramiro Blanco habrían emitido certificados apócrifos y cobrado tarifas para burlar las auditorías. Esta maniobra se nutría del bioquímico Luciano Benjamín Esteban, acusado de alterar análisis de laboratorio para simular males graves como Chagas o diabetes.
En el plano operativo, Hugo Humberto Massa fraguaba certificaciones con sellos y membretes desde su fotocopiadora, permutando estudios entre solicitantes. Asimismo, los doctores Diego Augusto Ocampo y Luis Alberto Verón exigían honorarios para redactar informes clínicos y gestionar renovaciones periódicas de invalidez sin revisar a los pacientes.
El avance burocrático de las carpetas requería vulnerar los sistemas informáticos oficiales. Edmundo Dante Salazar, extitular de ANSES, habría cedido claves secretas a terceros para ingresar datos falsos. En el ámbito local, los administrativos Manuel Rodolfo Córdoba y Luis Casares procesaban expedientes sin aplicar controles, facilitando la validación del fraude.
El proceso penal abarca a quince imputados bajo cargos de asociación ilícita, estafa estatal, falsedad documental e incumplimiento de deberes. Integrantes como José Edmundo Brisuela, José Wilson Muñoz Torres, Humberto Brisuela Mendoza y Francisco Orellana completan el grupo investigado por transformar el auxilio social en un negocio lucrativo.