El Chaco salteño bajo la presión de los desmontes
En el norte provincial, las comunidades wichí de la Ruta 86 enfrentan las consecuencias del avance de los desmontes y de la frontera agropecuaria. El Observatorio de la Tierra también incluyó el histórico conflicto con la empresa Desdelsur SA en Tartagal, vinculado con el desmonte agroindustrial sobre territorios ancestrales.
Para las comunidades, la pérdida del bosque nativo implica mucho más que una transformación ambiental: afecta el acceso al agua, los alimentos, las plantas medicinales y las materias primas utilizadas para producir artesanías. Al reducirse el monte, también se deterioran las condiciones que permiten sostener la vida comunitaria y permanecer en el territorio.
En ese marco, y en un artículo de análisis, la ONG Greenpeace recordó que el artículo 19 de la Ley Nacional de Bosques establece que cualquier proyecto de desmonte o manejo sostenible debe reconocer y respetar los derechos de las comunidades indígenas que tradicionalmente ocupan esas tierras.
La organización ambientalista también reclamó que se garantice el consentimiento libre, previo e informado antes de adoptar decisiones sobre la exploración o explotación de minerales, bosques, agua y otros recursos naturales existentes en territorios comunitarios.
Asimismo, la advertencia de Greenpeace recordó que el artículo 75 de la Constitución Nacional reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, así como la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. También establece que esos territorios no pueden ser vendidos, transferidos, embargados ni sometidos a gravámenes.
Sin embargo, la falta de finalización de los relevamientos y de entrega de títulos comunitarios mantiene una distancia profunda entre el reconocimiento constitucional y la realidad cotidiana. Esa brecha permite que los conflictos reaparezcan bajo distintas formas: demandas por usurpación, desalojos, ventas de campos, desmontes, concesiones mineras o cesiones de tierras públicas.
Así, los casos relevados no expresan únicamente disputas dominiales, sino una tensión más profunda entre el desarrollo económico y la supervivencia de formas de vida ancestrales. La ausencia de soluciones institucionales definitivas prolonga conflictos que atraviesan generaciones y mantiene a las comunidades en situación de vulnerabilidad. Mientras los trámites administrativos avanzan con mayor rapidez que los procesos de reconocimiento territorial, el bosque nativo continúa retrocediendo y se observa un crecimiento de proyectos privados en la región.