Zigarán reiteró su apoyo a una ley de derribo y cuestionó el debilitamiento del Plan Güemes en la frontera
El interventor de Aguas Blancas respaldó la posibilidad de avanzar con una ley de derribo para aeronaves vinculadas al narcotráfico, aunque remarcó que también se necesitan radares y mayor tecnología. Además, aseguró que el Plan Güemes “se pinchó” y reclamó una mayor presencia de Nación en la frontera norte.
El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, se refirió en Hora de Voces (FM Ya 91.3) al debate por una eventual ley de derribo de aeronaves y advirtió sobre el avance de los vuelos clandestinos que, según planteó, podrían estar vinculados al narcotráfico en el norte argentino.
Sus declaraciones se conocieron en momentos en que el Gobierno nacional avanza con modificaciones vinculadas al régimen de protección del espacio aéreo. El Ejecutivo anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley relacionado con la defensa de la soberanía nacional, mientras que días antes había trascendido que se incorporarían cambios sobre la intercepción de aeronaves hostiles.
Para Zigarán, la discusión puede representar una oportunidad para abordar una problemática que, según sostuvo, afecta especialmente a las provincias del norte.
“Se unieron dos temas que no tienen nada que ver, pero bueno, si Nación quiere aprovechar esa movida para incluir la ley de derribo, está buenísimo”, afirmó.
“El tema del narcotráfico es un tema en común”
El interventor sostuvo que el combate contra el narcotráfico debería quedar fuera de las discusiones partidarias y consideró necesario establecer herramientas legales específicas.
“La lucha contra el narcotráfico es un tema en común de todos los argentinos, no tiene ideología”, expresó.
Según Zigarán, actualmente Argentina cuenta con un esquema normativo que permite determinadas acciones de control, pero consideró insuficiente el marco vigente para enfrentar los vuelos clandestinos. En ese sentido, recordó que durante la implementación del denominado Escudo Norte existía una mayor capacidad de detección mediante radares.
“Antes había un programa que se llamaba Escudo Norte, que por lo menos podíamos saber la cantidad de avionetas que pasaban”, señaló.
El interventor aseguró que los vuelos clandestinos utilizan aeronaves que se desplazan a baja altura y que también se habrían incorporado vuelos nocturnos. No obstante, estas afirmaciones corresponden a su apreciación sobre la situación en la frontera y no implican que cada vuelo irregular esté necesariamente vinculado al narcotráfico.
Zigarán presentó un proyecto de ley de derribo
Asimismo, Zigarán elevó propuestas ante los ministerios de Defensa y Seguridad de la Nación para reforzar la intercepción de vuelos furtivos en el NOA.
En las presentaciones, planteó la necesidad de incrementar la presencia de radares tácticos móviles y sistemas de alerta temprana en puntos críticos de la frontera. También propuso establecer protocolos progresivos de identificación e intercepción de aeronaves irregulares.
El proyecto que acompañó plantea distintas etapas: identificación, comunicación radial, señales de advertencia, orden de aterrizaje y, como último recurso, la utilización de la fuerza contra una aeronave considerada hostil.
La iniciativa también contempla mecanismos de control y seguimiento parlamentario y establece que las operaciones deberían regirse por criterios de legalidad, progresividad y proporcionalidad.
Las propuestas se presentaron con el acompañamiento de Eliana Bruno, diputada nacional.
“Se pinchó el Plan Güemes”
Zigarán también cuestionó el funcionamiento actual del Plan Güemes, el operativo de seguridad desplegado en el norte argentino.
“Con la salida de Bullrich, yo he notado que se pinchó el Plan Güemes directamente”, afirmó. El interventor aclaró que no buscaba realizar una valoración sobre la actual ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, sino marcar una diferencia en el funcionamiento que observa en el territorio.
“Una cosa era ella de ministra y otra cosa es cuando no está ella de ministra. Las improntas son distintas”, sostuvo.
Según Zigarán, durante el último año la Provincia realizó un aporte superior a los $13.000 millones para sostener el operativo y consideró que actualmente “no se ven esos resultados que había en un principio”.
“Ya se relajaron los controles, ya no es lo mismo”, afirmó.
En agosto, Zigarán ya había cuestionado públicamente el funcionamiento del Plan Güemes y lo había definido como “pinchado”, en el marco de los conflictos registrados entre efectivos de Prefectura y personas dedicadas al traslado de mercadería en la frontera con Bolivia.
Reclamo por radares y mayor tecnología
Para el interventor, una eventual ley de derribo debería estar acompañada por una inversión en tecnología.
“Yo creo que no quedó nada, se desmanteló”, sostuvo al referirse al esquema de radarización que, según su visión, debería fortalecerse en la frontera norte.
En su propuesta presentada a Nación, solicitó precisamente ampliar el despliegue de radares para reducir las denominadas “zonas ciegas” y mejorar la detección de vuelos irregulares.
También planteó la necesidad de contar con aeronaves capaces de interceptar a avionetas de pequeño porte. Según explicó, una vez detectada una aeronave sospechosa debería activarse un protocolo gradual.
“Primero se trata de contactar por radio. Puede ser que sea un piloto que está extraviado, se le hacen señas”, explicó. Y agregó que el derribo debería quedar como “la última opción”.
El planteo de Zigarán coincide con la necesidad de fortalecer las capacidades de vigilancia del espacio aéreo, aunque la definición del marco legal y operativo corresponde al Estado nacional. El Gobierno también creó recientemente una mesa técnica para analizar la modernización y gestión del espacio aéreo argentino.
La situación en Aguas Blancas
Al referirse a la situación terrestre de la frontera, Zigarán sostuvo que el contrabando continúa siendo una problemática cotidiana y planteó que dentro de ese circuito también puede producirse el traslado de drogas.
En ese contexto, destacó la presencia permanente de Prefectura en Aguas Blancas y afirmó que la medida permitió reducir determinados hechos de inseguridad en la zona ribereña.
“Con la presencia de los prefectos se cortó ese delito, para nosotros es un alivio”, sostuvo.
Al mismo tiempo, reconoció que los controles generan tensiones con las personas que trasladan mercadería entre ambos países. Según explicó, la actividad forma parte de la economía cotidiana de una parte de la población fronteriza, aunque muchos de esos cruces se realizan por pasos no habilitados.
Zigarán también mencionó un reciente incidente en el que un efectivo de Gendarmería resultó herido durante un control entre Aguas Blancas y Orán. El interventor sostuvo que los controles sobre el contrabando continuarán siendo necesarios porque, según su planteo, pueden coexistir con otras formas de delito.