Subelza celebró la prórroga de ARCA y pidió que en las mesas de trabajo se proteja al comercio fronterizo
El intendente de Salvador Mazza, Gustavo Subelza, destacó la decisión de postergar por 120 días la aplicación de la resolución de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que establecía nuevas restricciones para el comercio fronterizo.
La resolución establecía un límite de hasta 150 dólares por persona para el valor de la mercadería trasladada, además de restricciones para el ingreso de combustible en bidones y para determinados productos, entre ellos granos y mercadería a granel. También alcanzaba al tradicional traslado de productos mediante los denominados “carritos” que realizan los trabajadores de frontera.
Subelza había acompañado, junto al interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, los reclamos judiciales contra la normativa. Tras la intervención del gobernador Gustavo Sáenz, ARCA decidió prorrogar durante 120 días la entrada en vigencia de la resolución para habilitar una instancia de diálogo y análisis.
“Muy contento y también quiero darle la tranquilidad a nuestros comerciantes”, sostuvo el intendente en diálogo con Hora de Voces (FM Ya 91.3).
“Nuestro municipio depende casi un 50% de la recaudación del comercio”
Subelza explicó que el impacto de las restricciones debe analizarse teniendo en cuenta las características económicas de Salvador Mazza. Según señaló, el municipio tiene una baja participación en los fondos de coparticipación y depende en gran medida de la actividad comercial.
“Nuestro municipio no tiene una buena coparticipación. Nosotros no tenemos recaudación, depende casi un 50% de la recaudación del comercio”, afirmó.
En ese sentido, aseguró que la actividad comercial se redujo fuertemente durante los últimos años y que las nuevas restricciones podrían profundizar una situación que ya considera crítica.
El intendente planteó que la localidad necesita una emergencia económica y advirtió sobre las dificultades para sostener los puestos de trabajo y el funcionamiento municipal.
“Necesitamos una emergencia económica porque estamos complicados para cubrir los sueldos”, señaló.
El reclamo por los trabajadores de frontera
Uno de los principales puntos planteados por Subelza está relacionado con los trabajadores que diariamente trasladan mercadería mediante carritos entre Salvador Mazza y Yacuiba.
El intendente sostuvo que se trata de una actividad que forma parte de la dinámica histórica de la frontera y que involucra a familias que durante generaciones dependieron de ese trabajo.
“Es una cultura que tenemos acá y la verdad que nos afecta mucho”, afirmó.
También cuestionó que las nuevas disposiciones puedan ser implementadas sin contemplar las particularidades de cada zona fronteriza. En ese sentido, consideró que las autoridades nacionales deben conocer la realidad de las localidades antes de establecer nuevas regulaciones.
Buscan llevar propuestas a la mesa de trabajo
Con la prórroga de 120 días, el intendente adelantó que continuará trabajando junto al municipio de Aguas Blancas y el Gobierno provincial para plantear modificaciones a la normativa.
Uno de los principales objetivos será establecer políticas que permitan sostener al comercio formal y las fuentes laborales vinculadas a la actividad fronteriza.
“Nosotros queremos fomentar y apoyar en estos tiempos al comerciante, que es el trabajo genuino que tenemos acá en el pueblo”, sostuvo Subelza.
El jefe comunal también destacó la existencia de empresas y plantas comerciales que durante años realizaron importantes inversiones en Salvador Mazza y que actualmente atraviesan dificultades.
Según explicó, algunas de esas firmas llegaron a generar cientos de puestos de trabajo, pero actualmente redujeron su actividad o directamente dejaron de operar.
“Hay plantas que le dan trabajo a 300 personas, hay empresas que le daban trabajo porque tenían 200, otras tenían 300, y ahora están cerrando, no están operando”, afirmó.
Para Subelza, la mesa de trabajo que se abrirá durante los próximos 120 días será necesaria para encontrar una regulación que permita fortalecer los controles sin desconocer la realidad económica y social de las localidades de frontera.