Caso “Conejo” Martínez: dos imputados recibieron prisión domiciliaria
La Cámara Federal de Apelaciones de Salta otorgó el beneficio a la exesposa del exintendente de Aguas Blancas, Mirta Cordero y a un contador investigado por presunto lavado de activos. El expediente involucra a 12 personas y analiza contratos municipales, sociedades comerciales y movimientos de dinero que podrían estar vinculados al narcotráfico y el contrabando.
La resolución judicial permitió que Nancy Mirta Cordero y el contador Orlando Oris Lovera continúen detenidos bajo la modalidad domiciliaria. Ambos están imputados en una causa que investiga una presunta asociación ilícita y maniobras de lavado de activos. La decisión se adoptó durante una audiencia en la que también se revisaron las medidas de coerción vigentes.
Los jueces Mariana Catalano, Alejandro Castellanos y Santiago French evaluaron los planteos de las defensas y mantuvieron el plazo de 60 días para avanzar con la investigación. En ese período, la Fiscalía deberá continuar con las diligencias destinadas a esclarecer las operaciones económicas observadas y establecer qué intervención habría tenido cada acusado.
La situación familiar de los dos imputados fue determinante para la concesión del beneficio. Cordero tiene seis hijos menores a su cargo, mientras que Lovera enviudó recientemente y su hijo adolescente había quedado bajo el cuidado de un jardinero. En el caso del contador, además, el tribunal consideró que no había elementos suficientes para afirmar que pudiera obstaculizar la pesquisa.
Los contratos municipales, bajo la lupa
La investigación alcanza a 12 personas y cuenta con la intervención de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). La hipótesis fiscal ubica a Carlos Alfredo “Conejo” Martínez como presunto jefe de una organización que habría utilizado sociedades y operaciones comerciales para dar apariencia legal a fondos de origen ilícito. Entre las maniobras investigadas figuran contrataciones con la Municipalidad de Aguas Blancas.
Uno de los casos bajo análisis corresponde a una sociedad por acciones simplificada vinculada a Lovera. Según la acusación, la firma obtuvo un contrato por $25 millones para brindar servicios de transporte al municipio, aunque se investiga si contaba con los recursos técnicos y operativos necesarios para cumplirlo. También se examinan pagos por $30 millones en honorarios profesionales, efectuados apenas tres semanas después de la creación de otra sociedad.
Los investigadores buscan determinar qué prestaciones respaldaron esos desembolsos y cuál fue el destino del dinero. La pesquisa también contempla el posible uso de sociedades y facturaciones para canalizar fondos, así como la eventual adquisición de inmuebles y vehículos. Mientras se analizan documentos, movimientos financieros y dispositivos electrónicos secuestrados, Martínez permanece detenido en el penal de Villa Las Rosas, luego de que la Justicia rechazara un pedido de libertad por razones de salud.
El expediente se suma a otros antecedentes judiciales del exintendente. Martínez fue condenado en 2013 a cinco años de prisión por el transporte de seis kilos de cocaína y volvió a quedar bajo investigación en 2019, cuando fue interceptado en Santiago del Estero con 100.000 dólares cuya procedencia no pudo justificar documentalmente. En la causa actual, la Fiscalía sostiene que parte de los fondos investigados habría circulado mediante operaciones comerciales y contrataciones públicas. Sin embargo, la responsabilidad penal de cada imputado deberá determinarse en el proceso judicial.